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María Fernanda Rico Vargas fue localizada sin vida el 18 de abril de 2014 y los detalles de su muerte aún no han sido esclarecidos, pues policías municipales y el Ministerio Público de Ecatepec, Estado de México, establecieron que fue un suicidio. “A mi hija la asesinaron”, dijo Silvia Vargas Velasco a las autoridades, pero la ignoraron.
Un día antes de que la asesinaran, María Fernanda, quien tan sólo tenía 25 años, le comentó a su madre que dejaría a su pareja, porque sufría violencia.
En la escena “los policías y agentes ministeriales no hicieron su trabajo. No acordonaron ni protegieron. Perdieron la cadena de custodia y el cinturón con el que supuestamente mi hija se colgó”, cuenta su madre.
Cuando Silvia le pidió a las autoridades la carpeta de investigación del caso, no se la querían entregar. “¿La quiere para enmarcarla?”, le preguntó una agente del Ministerio Público de San Agustín.
El cuerpo de María Fernanda fue exhumado en 2017, pero su familia no ha podido asentar un sepulcro, pues es probable que la vuelvan a exhumar. “¿Cuántas veces tengo que enterrarla y sepultarla?”, dice su madre.
Este asesinato disfrazado de suicidio no es el único: EL UNIVERSAL tiene registro de al menos 39 casos similares en el país, en los que las autoridades han fallado en la investigación de muertes de mujeres.
Simplemente en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, no escucharon a Magdalena Velarde cuando les dijo que su hija Fernanda Sánchez no se suicidó. Lo mismo ocurrió con Araceli Ávila, madre de Zaira Karina, y en mayo tampoco le creyeron a la familia de Sofía Roldán Chávez, en Naucalpan.
Hay negligencia por parte de las autoridades: no investigar y no asegurar evidencia entorpece la impartición de justicia y viola los derechos de las víctimas, lo que conlleva bajas sentencias o impunidad.
“En el Poder Judicial estamos en función de lo que el Ministerio Público nos haga llegar”, señala Lawrence Serrano, director General de la Administración de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio. “Si hay anomalías u omisiones en el caso, eso da sentencias absolutorias o concesiones de amparo, y eso es muy desafortunado”.
La sentencia establece que las muertes de mujeres se tienen que investigar judicialmente, aplicando mecanismos que permitan identificar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres (perspectiva de género).
“Se tiene que investigar y acreditar si es un feminicidio, no al revés, como lo hacen los ministerios públicos, que primero determinan que fue un suicidio, un accidente o lo que se les ocurra”, señala Irinea.
“Yo insisto en llegar a la justicia por mi hija”, exclama Silvia Vargas, madre de María Fernanda Rico. “La lucha de Irinea en la Suprema Corte nos ampara a todas las madres en resistencia, porque habla de feminicidio con toda claridad, pero muchos de los ministerios y las fiscalías no saben qué dice la sentencia Mariana Lima”.
A finales de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación 9/2019 por falta de investigación en los casos de posible feminicidio de Violeta Salmón Gamboa, Laura Joseline Hernández, Lucy Prieto Sandoval, Guadalupe Amaya Ruiz, Yoseline Peralta Aguirre y Stephani Morales Rodríguez. Otras víctimas de la entidad son Yang Kyung Jun Borrego; la exMiss Universo de Uruguay, Fatimih Dávila, y, en su momento, Lesvy Berlin Rivera Osorio, que el 4 de octubre obtuvo sentencia.
En otras partes del país tampoco se hicieron las investigaciones pertinentes en un inicio. En Campeche, Mary Bernardo González; en Coahuila, Blanca Leticia Romo Méndez; en Tamaulipas, Benazir Reyes del Castillo; en Oaxaca, Lesly Wilson Pérez; en Querétaro, Marlene Hernández Moreno; Susana Sayas García, en Tabasco, y en Puebla, los supuestos suicidios de Gabriela Sánchez Martínez y de Estefanía Figueroa Becerril, sólo por mencionar algunos de los casos.
Para estas mujeres, las averiguaciones previas —cuando las hubo— concluyeron una causa de muerte que no conllevaba una acción penal: se estableció que ellas se privaron de la vida. No entraron en las estadísticas de homicidio ni en las de feminicidio, pero su muerte no podía quedar en el olvido. Las familias han luchado por que se investigue.
“Hay más casos, pero no quieren hablar por temor”, dice Sandra Soto, activista y administradora de la página de Facebook Los machos nos matan en México.
Sólo el estado de Sonora tiene un registro completo de 2016 a 2019 de nueve investigaciones de homicidios que en un inicio fueron marcadas como suicidios; Chihuahua cuenta con dos casos reconocidos por su fiscalía, y los demás estados, mediante solicitudes de transparencia, respondieron no contar con la infraestructura para poder generar la información.
En Sonora, de 2013 a la fecha, se han cometido 162 homicidios dolosos al sexo femenino y 237 feminicidios, mientras que en Aguascalientes el tipo penal de feminicidio no estaba establecido en el código del estado hasta su reforma, en agosto de 2017, por lo que ahí no hubo feminicidios hasta 2018.
La categoría “feminicidio” cambia dependiendo de cómo esté tipificado en el código penal de cada estado.
“En el país hay 10 asesinatos de mujeres al día, pero no sabemos cuántos son feminicidios. Cuando se compara el número de carpetas de un estado con otro, no se toma en cuenta que no se tipifican igual; además, el código depende de los jueces y de lo que consideren feminicidio”, dice Georgina Jiménez, de la organización Data Cívica.
El informe Claves para entender los asesinatos de mujeres en México, que realizó la organización, tiene dos hallazgos principales: “El primero es que la violencia en casa, que afecta más a las mujeres, no se ha reducido en 30 años; el segundo es que, antes de 2007, las mujeres eran asesinadas más en una vivienda que fuera de ella. Actualmente, está aumentando la violencia de la vivienda a la par de la de vía pública”.
Irinea Buendía exige una sentencia “que sí siente un precedente de no repetición (...) Tenemos que detener a esos cobardes que se ensañan con nuestras hijas”.
La madre de Lesvy Berlín, Araceli Osorio Martínez, menciona que es necesario que las autoridades reconozcan el grado de participación y complicidad en esa cadena de impunidad: “Los aparentes suicidios de mujeres pueden ser consecuencia de una violencia previa o una manera de ocultar un asesinato; también son un argumento para no investigar el caso y archivarlo.
