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Esta semana el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene programada la discusión del proyecto que declara inconstitucional que el Ministerio Público (MP) acceda a información bancaria durante sus investigaciones sin previa orden de un juez.
De acuerdo con los estrados del pleno de la Corte, el asunto, derivado de un recurso de revisión de un amparo promovido por Pedro Guillén Mariscal, quien es acusado de fraude fiscal, será discutido esta semana.
El criterio del proyecto, realizado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, retoma el emitido por la Primera Sala en noviembre de 2017, en el que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El fallo establece que el artículo 142 ha permitido la irrupción a la vida privada de las personas, no prevista en la Constitución, por lo que el Ministerio Público requiere de una orden judicial para solicitar información bancaria de las personas que investiga.
A partir de la resolución de la Primera Sala, diversos jueces han aplicado el antecedente para absolver a otras personas acusadas de delitos fiscales y financieros, como en el caso de Elba Esther Gordillo.
Si el pleno avala el proyecto del ministro Cossío Díaz, casos como el de Emir Garduño Lord Rolls Royes, Fides Gestión Financiera, acusada de fraude, Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora y la investigación de Odebrecht quedarían en riesgo.
Una de las diligencias básicas que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) en sus investigaciones sobre delitos fiscales, enriquecimiento ilícito u operaciones con recursos de procedencia ilícita es solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre los movimientos financieros de los probables responsables.
Fuentes federales informaron que desde que la corte emitió el criterio, la PGR ha intentado repetir las pruebas que pudieran ser tachadas de ilícitas en los casos que están en riesgo, antes de que los jueces echen abajo los asuntos. Por su parte, los juzgadores han respondido que es imposible autorizar la obtención de una prueba que ya obra en las carpetas de investigación, tal como ocurrió en el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
También, la PGR ha intentado adelantarse al solicitar la autorización de un juez para que sea entregada la información bancaria necesaria, pero los jueces ante los que ha acudido se han declarado incompetentes para resolver la petición debido a que el fallo emitido por la Corte no estableció qué clase de juzgador es el competente para conceder la autorización.
Ante esta respuesta, la PGR ha acudido con jueces especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones que también se han declarado incompetentes.
Otro de los escenarios a los que se ha enfrentado la PGR es a la respuesta de jueces que consideran que el Ministerio Público primero debe solicitarlo a la CNBV y si ésta niega la información, entonces sí procede la judicialización de la prueba.
En el caso de Guillén Mariscal, cuyo amparo será revisado, la PGR lo señaló de promover esquemas fiscales agresivos mediante la creación de empresas fantasma y la expedición de facturas falsas.
