"Deseo, en primer lugar, , así como de manera particular a mis amigos estimados, Dr. Enrique Graue, Rector de la UNAM, y Juan Francisco Ealy Ortiz , Presidente Ejecutivo de El Universal, el que se haya convocado a este coloquio Democracia y futuro de México, distinguiéndome al invitarme a participar en él.

"Saludo con afecto a todos los amigos que tomarán parte en las sesiones de este coloquio. Igualmente, un muy cordial saludo a todos los que hoy nos acompañan, aquí presentes o a distancia.

"En nuestros tiempos, en todas partes y todo mundo se habla de democracia , pero no para todos y no en todas partes quiere decir o se entiende lo mismo. Para unos, en la visión más estrecha, es la igualdad , reflejada sólo en la validez y el respeto del voto, que todos puedan votar sin trabas, sin presiones de la autoridad o de intereses determinados, y que resulten elegidos, quienes en esas condiciones reciban la mayoría de los votos. Para otros, la democracia tiene otros alcances y, consecuentemente, otros contenidos más.

"Considerando particularmente las luchas históricas por nuestras libertades y nuestra democracia, estimo que la democracia, cuyo valor esencial e imprescindible es la igualdad, en el caso mexicano y en la actualidad, va mucho más allá de las cuestiones electorales y debe abarcar campos importantes de lo social y lo económico.

"Si el concepto democracia se refiere a un régimen político , lo primero que debe verse es cuáles son sus alcances, por ejemplo: si está limitada al sistema electoral, imponiendo el respeto al voto y reglamentando la vida de los partidos; si la igualdad se da ante la ley, la sociedad y las oportunidades de mejoramiento; si los derechos legalmente reconocidos son universales o su ejercicio se reduce a determinados grupos sociales; si los derechos legalmente reconocidos a todos, son ejercitables en la práctica y exigibles ante el Estado, o están en la letra de la ley pero por impedimentos diversos no pueden ejercerse universalmente, o está previsto el acceso a su ejercicio con gradualidad.

"Un sistema que pueda efectivamente calificarse de democrático, parte del principio que está plenamente vigente el Estado de derecho . Esto es, un Estado -Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, población y territorio- que cumple y hace cumplir los mandatos constitucionales y de las leyes. En nuestro caso, ese Estado de derecho muestra diversas lastimaduras, entre las más graves, las provocadas por la corrupción y las que producen la creciente presencia de las delincuencias, la violencia y la inseguridad, así como la gran desigualdad social y económica.

"Estas lastimaduras, aunque siempre presentes en la vida del país, han tenido altas y bajas a lo largo de la historia. En estos tiempos recientes, con el devenir, se han ido tornando cada vez más graves, y a pesar de esfuerzos del Estado y de la sociedad, ha sido imposible frenarlas, revertirlas y superarlas.

"Los mecanismos instrumentados por el Estado para combatir la corrupción, puede considerarse que teóricamente están bien concebidos y montados. Pero un factor principal para que eso no suceda, o sólo sea efectivo parcialmente, es la gente: quienes por desconfianza o temor no denuncian los hechos de los que tienen conocimiento o por los que directamente han sido afectados y, por otro lado, y de manera principal, la corrupción de responsables de aplicar y hacer cumplir la ley. Sanear los instrumentos de combate a la corrupción, los aparatos de administración y procuración de justicia en particular, es uno de los grandes pendientes.

"En el caso del combate para erradicar la delincuencia, responsable de la violencia y la inseguridad que se vive en amplios espacios del territorio nacional, urbanos y rurales, especialmente la llamada delincuencia organizada, puede decirse que hace al menos un cuarto de siglo, transitando de un gobierno al otro, se vine haciendo lo mismo, obteniéndose por lo tanto los mismos insatisfactorios resultados. Y no sólo eso, sino que, con el transcurso del tiempo, los grupos delincuenciales se muestran más poderosos, más desafiantes, controlando territorios cada vez más amplios del país, con participaciones cada vez más diversificadas en los distintos tipos de delitos, afectando cada vez a más diversos a sectores de la sociedad, con organizaciones más eficaces para la realización de sus actividades al margen de la ley.

"Esta situación hace pensar que, efectivamente, para erradicar la delincuencia organizada, enfrentarla debe hacerse con nuevos enfoques. No puede descartarse el combate directo, pero debe ir precedido de mejor inteligencia y de una eficaz coordinación en el terreno internacional, dando prioridad a combatir aquellos delitos que más afectan y que más resiente la población, el secuestro, la extorsión, la trata, por ejemplo, acompañando con acciones del Estado que signifiquen su presencia permanente, no ocasional, en todas y cada una de las porciones del territorio, por pequeñas que parezcan, con mejores escuelas, clínicas, nuevos empleos, programas culturales, proyectos productivos y de infraestructura, implantación de innovaciones tecnológicas, mejor procuración y administración de la justicia, así como con la presencia también de la sociedad y sus organizaciones, mediante su cooperación y coordinación con los programas oficiales.

"Sin democracia electoral no funciona un sistema democrático. Nos toca cuidar que los avances logrados en este campo no vayan a revertirse. La persistencia de la ciudadanía en participar en a elecciones, a pesar de los reiterados fraudes instrumentados por el Estado de 1988 en adelante, logró la autonomía de la autoridad electoral frente a los Poderes del Estado, el acceso de la oposición a los medios de información y, de manera muy importante, que en 1997 se tuviera una primera elección federal en la que el voto ciudadano fuera bien contado y respetado. De ahí en adelante, ninguna elección ni federal ni local, ha sido cuestionada porque los votos se hayan contado mal.

"Otros han sido los motivos de inconformidad, principalmente la presencia de dinero sucio, ilegal, y la intromisión ilegal de funcionarios para inclinar en un sentido determinado los resultados electorales. Habrá que imponer penas más severas para sancionar estos delitos -cancelación del registro de candidaturas y de partidos políticos, por ejemplo- e imaginar formas más eficaces para prevenirlos.

"Los contenidos sociales son fundamentales en una democracia amplia. Los derechos sociales incorporados a la Constitución, deben reflejarse en las prácticas de buen gobierno y en su posibilidad de pleno ejercicio por parte de la población: educación y salud universales, de calidad y de punta, vivienda digna y decorosa, acceso al agua y al saneamiento, acceso a la cultura, etc; entre otros, según mandata el artículo 4°. Junto a estos derechos, debe considerarse de manera principal el derecho al trabajo, garantizado para todo mexicano por el articulo 123.

"Lejos se está para que estos sean en la realidad derechos que cualquier mexicano pueda ejercitar cabalidad o, en su caso, contar con los mecanismos legales para exigir al Estado la posibilidad de ejercitarlos. Un pendiente más, es legislar para hacer exigible ante el Estado el ejercicio de todos los derechos que la Constitución reconoce a los mexicanos.

"En el caso particular de la educación, el artículo 3° constitucional establece que es obligatorio cursar desde el preescolar hasta la media superior, ciclos que impartirá y garantizará el Estado, el que por otro lado se hace cargo de la educación superior, además que toda esa educación, en sus diferentes niveles, será de excelencia, según la adición al propio artículo 3° de mayo de 2019. Cumplir con este mandato constitucional, debiera ser propósito prioritario del Estado.

"Debe entenderse, por otro lado, que la inversión en educación es esencial para hacer de México una nación desarrollada económicamente, independiente igualitaria, que en especial la inversión en educación pública superior y en infraestructura, incluyendo las redes digitales, es hoy fundamental para el progreso social y la igualdad en las oportunidades de mejoramiento.

"Igualmente, importantes son los contenidos económicos de la democracia, que generalmente están cruzados con los sociales. En el terreno económico, para alcanzar igualdad, el gran reto está en cómo disminuir hasta erradicar la desigualdad. Expresiones indiscutibles de esa desigualdad son una pobreza que afecta al 44% de la población total del país; que el 10% de la población reciba 1.8% del ingreso, frente al 20% que recibe un ingreso 18 veces mayor; y que 37 millones de personas se desempeñen en el sector informal de la economía, esto es sin garantías ni protecciones por parte del Estado.

"Los salarios mínimos deben mantenerse en alza constante, hasta alcanzar en el plazo más corto posible, la característica que les establece el artículo 123 constitucional: suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

"La búsqueda de la igualdad se da, en muchos casos, a través de regiones fiscales, de impuestos al ingreso o la riqueza, de carácter progresivo. El régimen fiscal actual, si se quiere utilizar como herramienta en la búsqueda de la igualdad, debe reformarse urgentemente, para dar suficiencia a los recursos que el Estado requiere para invertir en el desarrollo social para lograr una distribución equitativa de la riqueza pública, tanto en lo que hace a la población en general, como en su distribución entre las entidades federativas; garantizando, además, una acción anticíclica que dé continuidad al crecimiento de la economía.

"Una economía en crecimiento sostenido es la que permitirá, además de una distribución equitativa del ingreso, tomar medidas como la implantación de un ingreso básico universal y la adopción de esquemas mediante los cuales los trabajadores compartan con equidad las ganancias generadas por el capital. Los pensadores más avanzados plantean la pre-distribución, esto es, que la población en su conjunto tenga una participación en la inversión y, por lo tanto, que todos reciban una parte de la utilidad que genera.

"Hoy se cuenta con un régimen limitado de seguridad social, que vincula al trabajador a su sitio de trabajo. Así, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 72 millones de derechohabientes; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 13.5 millones; y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas 8.7 millones, en conjunto 86 millones de mexicanos disponen de los servicios y protección de una institución de seguridad social; 43 millones de mexicanos carecen en lo absoluto de seguridad social. El paso a dar, que se enmarcaría en una democracia igualitaria, es pasar a una seguridad social de carácter universal, que proteja y brinde servicios a toda la población, en la que el derechohabiente no esté vinculado al empleo o trabajo que desempeñe y el sistema dependa, por lo tanto, de los recursos que el Estado recauda.

"Nuestra democracia tiene pendiente dar acceso al conjunto de la población a los medios de comunicación e información. Se está anunciando que se instrumenta la cobertura con internet de todo el territorio nacional, paso que será importante en la democratización de la comunicación.

"Una medida más por adoptar en este sentido, será brindar acceso, al conjunto de la la población, a los medios concesionados de información y comunicación, televisión y radio, y abrir la oportunidad de nuevas concesiones para la sociedad organizada: pueblos originarios, universidades, gobiernos estatales y municipales, organizaciones comunitarias, promotoras de cultura, defensoras de derechos humanos, ambientalistas, partidos políticos, etc.

"Finalmente, la democracia debe estar presente en las relaciones internacionales, que deben ser equitativas y solidarias. No caben, por lo tanto, ni subordinaciones ni dependencias, ya sean políticas, económicas o culturales; superarlas, deberá ser objetivo permanente de nuestra democracia".

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aosr/acmr

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