A cuatro meses del incendio en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 40 extranjeros murieron y otros 27 resultaron heridos, sobrevivientes con lesiones graves y sus familiares exigen la reparación integral del daño y que no se obstaculice su derecho a la justicia.
Sobre la disculpa que el titular del INM, Francisco Garduño, ofreció por el incidente la semana pasada, Yesenia Valdez Flores, abogada de siete víctimas, asegura que es “de dientes para afuera”, pues sólo sirvió de alimento a la opinión pública, ya que no ha tenido un impacto verdadero en la escucha y atención de las necesidades de los afectados.
“La disculpa debió llevar de la mano el cumplimiento de compromisos serios de solución al tema (…) No solamente es pintar las fachadas y ponerlas bonitas porque no es una solución de fondo, no devuelve vidas, no cura las heridas y no garantiza la no repetición. El trabajo es ir más allá de la foto y el discurso falso que siempre hemos tenido.
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“El fondo es hablar de si la gente que hace las detenciones está preparada, si da trato digno, si no lastima y si no viola derechos humanos, y este es el primer paso de 100 escalones hacia la no repetición, pero el camino de subida es largo y la justicia debe otorgarse de acuerdo con la situación de cada afectado por el incendio”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.
Valdez reveló que, bajo amenaza de retirar los apoyos otorgados a las familias y sobrevivientes para enmendar el daño y con actos burocráticos de coacción, la Fiscalía General de la República (FGR) ha bloqueado el esclarecimiento del incidente. El primer obstáculo de las víctimas se presentó desde que la FGR les negaba el derecho a tener un asesor jurídico; luego, en la presentación de nombramientos las autoridades del organismo no reconocieron a los abogados que los sobrevivientes eligieron para representarlos y, finalmente, hace unos días, cuando recibieron por primera vez información oficial útil del caso, pero a cuentagotas.
Además, sin tomar en cuenta a las familias y los lesionados, algunos en peligro de perder su autonomía por la gravedad de las heridas, el INM, la FGR, el Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Comisión Ejecutiva de Apoyo a Víctimas (CEAV) han llevado a cabo una investigación de la que no tienen conocimiento pleno las familias y, para los defensores y sobrevivientes, pareciera ser un método con el que las instituciones quieren “armar su propio caso y verdad”.
“El camino es empedrado. Desde que quisimos acceder para representar a las víctimas algunos funcionarios insistieron mucho a los afectados en que se quedaran con su asesor de la CEAV asegurando que las ONG entorpecen el acceso a la justicia y, lamentablemente, apenas hace unos días se nos dio acceso a sólo algunas de las causas penales”, detalló Yesenia Valdez.
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La posición de la abogada y sus representados acerca de las acciones que favorecerán el tránsito de personas en movilidad por el país y de la dignificación de las estancias migratorias es que si bien dan luz a las violaciones a los derechos humanos de los migrantes que se perpetuaron por años, no tienen nada que ver con el tema compensatorio a favor de las víctimas del incendio.
“Ninguna institución se ha detenido a tomar en cuenta la opinión de los sobrevivientes (…) Se está dejando de lado su derecho a pronunciarse porque no se ha escuchado cada situación particular y tienen incertidumbre sobre su futuro. Ellos no exigen cantidades, sino un proceso reparatorio amplio conforme a la vida que tenían antes.
“No me atrevería a menospreciar ninguna acción por parte del INM, del gobierno o de organizaciones en favor de los migrantes y qué bueno que se piense en dignificar estos centros de detención ilegal, pero ojalá el proyecto sí se realice en todas las estaciones y se analicen no sólo éste, sino otros incidentes con la misma o más gravedad para que no se repitan”, pidió la jurista.