Exómbudmans, constitucionalistas y especialistas calificaron como una aberración, un acto de discriminación y una falta de perspectiva de género que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en su anteproyecto de reforma al Reglamento de Becas plantee la suspensión en la entrega del apoyo económico a las becarias que se embaracen.
En entrevista con EL UNIVERSAL, los expertos cuestionaron que se mantenga en el anteproyecto enviado a la Conamer la amenaza de suspender la ayuda económica a todos aquellos estudiantes que participen en manifestaciones políticas en México y el extranjero, pues sería un acto violatorio de derechos humanos y de la Constitución.
Lourdes Morales, politóloga y directora de la Red por la Rendición de Cuentas, calificó como una “aberración” el anteproyecto del Conacyt.
“Pensábamos que era una noticia falsa, algo increíble, tuvimos que ver el documento original y evidentemente esto es obra de alguna o algunas personas que no tienen el mínimo conocimiento y sentido de lo que son derechos fundamentales ni de todas las luchas y reconocimiento que hay sobre política de equidad de género”.
Alma Maldonado, integrante del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, alertó que de aprobarse esa propuesta podría afectar el desempeño académico de becarias embarazadas: “Me parece que es un retroceso abismal. Yo cuando fui becada vi a numerosas estudiantes embarazarse y si son cortadas sus becas, pues se verán realmente afectadas. Esta propuesta es realmente grave, sobre todo ahora que estamos discutiendo los derechos de las mujeres y la necesidad de apoyarlas en sus decisiones, porque la maternidad no debe de estar peleada con un posgrado, con la carrera académica”, subrayó.
Ximena Medellín, investigadora del CIDE, dijo que lo propuesto por el Conacyt “se está centrando sólo en la maternidad biológica y están excluyendo otras formas de maternidad, incluida la adopción o gestación por sustitución”.
“Una de las cosas que no deberíamos hacer es generar escenarios que puedan llevar a las mujeres a pensar que hay una disyuntiva entre su desarrollo personal o sus elecciones personales y su vida profesional. Normalmente las mujeres tenemos que elegir qué hacemos, si seguimos con nuestras carreras o ponemos todo en pausa y somos madres.
“Con el anteproyecto se plantea un escenario en el que las becarias no tendrían una fuente de ingresos y entonces tendrían que optar por suspender su beca y eso implica quedarse sin ningún ingreso durante un embarazo, parto o posparto”, dice la doctora en Derecho por la UNAM, quien agrega que así como está el anteproyecto “sí hay argumentos para cuestionar su compatibilidad con distintos derechos”.
Se tiene que eliminar ese plan
Raúl Plascencia Villanueva, expresidente de la CNDH, aseguró que se ha luchado décadas para evitar ese tipo de prejuicios y delimitaciones para la mujer una vez que se embaraza.
“Es un tema discriminatorio y es algo contrario a la lucha de los derechos de la mujer, por lo que debe tomarse con extremo cuidado una redacción de esas características y habría que eliminarlo. El llamado es que bajo ninguna circunstancia se puede limitar el derecho de una mujer a ejercer sus derechos reproductivos, esta es una lucha de por lo menos 50 años, que no se le limite la posibilidad de desarrollarse máxime si se trata de un tema de educación, para desarrollar un estudio de posgrado, eso no tiene por qué plantearse como una limitación”, destacó.
Francisco Burgoa, constitucionalista y profesor de la UNAM, consideró que ese anteproyecto del Conacyt debe poner en alerta a la sociedad mexicana, pues de aprobarse violaría artículos de la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos y de perspectiva de género.
“Si bien el Conacyt tiene la facultad de emitir sus reglamentos, lo tiene que hacer en el marco del respeto de derechos y libertades que tienen los becarios. El tema de suspender las becas a las mujeres que se encuentran embarazadas también me parece una medida totalmente restrictiva a sus derechos y libertades, pero sobre todo, es una medida totalmente discriminatoria”, apuntó.
Javier Soto Morales, académico de la Universidad Panamericana, dijo que los apartados que sancionan a alumnos que realicen protestas va en contra de los más elementales derechos y garantías establecidos en la Constitución y en tratados internacionales firmados por México.
