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El 19% de los programas que impulsa el gobierno federal no han logrado identificar adecuadamente su población objetivo. Ello significa que 13% del presupuesto asignado a estos (66 mil 664 millones 700 mil pesos) no tiene un sector claro al cual beneficiar, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En su Informe de monitoreo de programas prioritarios 2023, destaca que entre los retos que enfrentan los programas está la identificación adecuada de una población objetivo o un resultado esperado.
“Siempre que no hay transparencia en el uso de los recursos públicos, se corre el riesgo de que no se esté usando para aquello que fue destinado, de que se utilice de manera discrecional y, por supuesto, de que haya beneficios personales no para los beneficiarios, sino para los funcionarios que operan los programas. Es decir, que haya fugas de corrupción en el dinero que no está bien vigilado”, enfatiza María Marván Laborde, excomisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, actualmente Inai.
Destaca que en este gobierno no es posible afirmar que no hay corrupción cuando, por ejemplo, existen más de 66 mil millones de pesos que no están transparentados.
“Sí es un abuso de quienes operan esos programas al no tener claridad sobre esa cantidad de dinero. Pero esta administración ha operado en una inmensa opacidad. La Ley de Transparencia le molesta, los organismos de transparencia le incomodan, los mecanismos de rendición de cuentas también le molestan sobremanera”, comenta.
A decir de la también investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde no hay rendición de cuentas ni transparencia “hay un caldo de cultivo para la corrupción. La promesa de que este gobierno iba a acabar con la corrupción y nos aseguraba que con el dinero que se desviaba de la corrupción se iban a realizar miles de cosas, en realidad lo único que nos está diciendo es que la corrupción existe y que no hay ninguna disposición para reconocerla y poner remedio a ésta”.
Agrega que la opacidad y la impunidad son algunos de los elementos que caracterizan a este gobierno, que concluye el próximo 1 de octubre. “Si algo hemos visto en este sexenio es el incremento de la opacidad y de la corrupción.
“Aquella vieja promesa de que no suceden actos de corrupción sin que los conozca el Presidente y de que las escaleras se iban a barrer de arriba para abajo, lo que hoy vemos es que no hay escaleras barridas y que probablemente el Presidente sí sabe de todos estos espacios de corrupción y no ha podido o no ha querido hacer nada por mejorar la situación”, sentencia.
El Coneval detalla que existen 17 programas sociales, coordinados por siete dependencias, los cuales durante 2023 recibieron recursos que alcanzaron 512 mil 805 millones 98 mil pesos.
Los proyectos prioritarios para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación son el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida, Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural y Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
Otras estrategias importantes para este gobierno son Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, Fertilizantes, Producción para el Bienestar, Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.
El reporte del consejo señala que programas como Universidades para el Bienestar, diseñado para superar la exclusión en la educación superior; el Programa Nacional de Reconstrucción, para la rehabilitación de inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes culturales afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, y Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral no especifican ningún grupo poblacional al cual se busca brindar atención.
Por otro lado, el informe del Coneval detalla que el programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos tampoco precisa cuál es el resultado o cambio que se propone, dado que su objetivo se limita a la entrega de un bien (transferencia), lo cual, explica, no es un resultado, sino un tema de gestión.
“En lugar de identificar un problema público a solucionar y la población afectada por este problema, sólo se distribuye un bien, lo que es distintivo de un componente de un programa y no del objetivo central, del motor y eje de un programa”, resalta el informe.
Al respecto del Programa Nacional de Reconstrucción, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, señala que esta estrategia no especifica “el tipo de afectación ni las características que deben cumplir los municipios para acceder a los apoyos.
“Los programas sociales se crean para resolver problemas que afectan a personas, los cuales, en el caso de los programas prioritarios [de este gobierno], son de carácter urgente, pues son graves o afectan a poblaciones vulnerables”, añade el Coneval en su reporte.
Por su parte, Eduardo Bohórquez, director de la organización civil Transparencia Mexicana, expone que “lo lamentable es que pese a años, décadas ya, de discutir la necesidad de que los programas sociales definan con claridad su objetivo, las reglas de operación, los mecanismos de participación social y las evaluaciones independientes de los mismos, seguimos dando tumbos este sexenio”.
Y agrega que “cuando los gobiernos están en la oposición, critican duramente el uso político-electoral de los programas, pero al llegar al gobierno se olvidan de esas críticas, debilitando sus propios resultados”.
El coordinador de Anticorrupción y Educación de la organización civil México Evalúa e investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández, comenta que “ya hay muchos signos sobre cómo los recursos de algunos de estos programas se han desviado por problemas de corrupción o bajo una lógica clientelar, no una lógica de política social para atender temas de pobreza o falta de oportunidades de sectores menos favorecidos de la población”.
