La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por 30 votos en favor y 7 en contra, el dictamen que plantea reformar los artículos 4 y 27 constitucionales, para prohibir el fracking en la minería, y dar preferencia al consumo personal y doméstico del agua.
“No se otorgarán contratos ni se realizará ningún otro acto administrativo que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en yacimientos petroleros no convencionales mediante fracking o fracturamiento hidráulico”, señala el documento.
Sin embargo, Morena y sus aliados aprobaron una reserva, por 27 votos a favor y 9 en contra, presentada por el diputado César Agustín Hernández (Morena) para que la minería a cielo abierto y el fracking se autorice “en los casos que excepcionalmente determine el Ejecutivo federal… por su carácter estratégico para el desarrollo nacional”.
Asimismo, determina que en las leyes secundarias se deberán establecer sanciones para quienes exploren, exploten, usen o aprovechen minerales, metales o metaloides en minería a cielo abierto y la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en yacimientos petroleros no convencionales mediante fracking.
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En ese sentido, los legisladores de la oposición advirtieron que la reforma constitucional afectará a la industria de la construcción, entre otras, porque el cemento se obtiene en minas a cielo abierto.
El dictamen aprobado también precisar en el artículo 27 que toda persona tendrá derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y domestico en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible y preferente sobre cualquier otro uso.
El dictamen contempla agregar en la Constitución que el maíz será el alimento básico y elemento de identidad nacional destinado al consumo humano y este deberá ser libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas.
Y estipular que corresponderá exclusivamente a la Nación la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.
La diputada Adriana Bustamante (Morena) aseguró que las leyes de minería y de aguas nacionales, expedidas por el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en 1992, han causado daños ambientales y dio preferencia a las empresas para utilizar el agua.
“Entregaron concesiones mineras y de agua donde no había agua para el pueblo, pero sí para la minería y para la industria refresquera, me refiero desde luego a la Ley Minera y a la Ley de Aguas Nacionales. No vengan a decir aquí que están a favor del desarrollo sostenible y que les preocupa mucho el medio ambiente, entregaron concesiones mineras en áreas naturales protegidas”, dijo.
En su turno, el diputado Santiago Torreblanca (PAN) advirtió que la prohibición de la minería a cielo abierto afectará la industria de la construcción, y también la extracción de litio y sal, por ejemplo.
“Me llama la atención la prohibición de las minas a cielo abierto, este gobierno ha dicho la importancia de que el Estado tenga la rectoría del litio, ¿de dónde creen que se obtiene el litio? El litio no es de minería subterránea, el litio se obtiene a través de minería a cielo abierto. ¿Cómo creen que llega la sal a su mesa? Pues la gran mayoría a través de salinas, no de minas. La industria de la construcción y la vivienda, ¿cómo creen que se obtiene el cemento y el concreto? Pues a través de canteras a cielo abierto, donde se obtiene La pizarra, la caliza. Van a tronar a la industria cementera nacional”, subrayó.
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bmc
