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Ya son más los diputados que se unieron al punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, conceda una prórroga a la entrada en vigor del Decreto por el que se prohíbe el uso de glifosato y maíz genéticamente modificado.
Las y los diputados Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, Ismael Alfredo Hernández Deras, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda y Roberto Carlos López García, del PRI; Gustavo Macias Zambrano, Rodrigo Sánchez Zepeda, del PAN; Fernando García Hernández, del PT; y Juan González Lima, del PVEM, se han integrado a dicho exhorto, a través del cual, solicitan que durante el periodo de transición a la restricción total, siga siendo posible importar, distribuir y utilizar este herbicida a falta de alternativas y prácticas sostenibles.
A la lista se integraron otros 12 congresistas del PAN y 18 del PRI.
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El dictamen al Punto de Acuerdo que la próxima semana dictaminará la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, instrumento legislativo que fue presentado el pasado 5 de marzo por diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios.
De acuerdo con el proyecto, el glifosato es el herbicida más utilizado a nivel global, el cual se aplica antes de sembrar los cultivos a fin de elimina maleza, pastos y plantas consideradas “mala hierba”.
El exhorto explica que al inhibir la síntesis de esos aminoácidos, los compuestos del glifosato impiden que la planta produzca las proteínas necesarias para realizar sus funciones biológicas y, en consecuencia, muere.
“El manejo de malezas es muy importante en todos los tipos de agricultura, por lo que se deben utilizar prácticas que sean eficientes y rentables para los productores y que no afecten al medio ambiente. El control de las malezas mediante la aplicación de herbicidas se realiza en la mayoría de las unidades de producción de nuestro país, ya que es un método eficiente, práctico y rentable, siempre que se utilice de acuerdo con las instrucciones de sus etiquetas”, señala el dictamen al Punto de Acuerdo.
Agrega que las opciones modernas de manejo de malezas como el glifosato, además de contribuir a la rentabilidad de los productores, permiten condiciones laborales dignas para los trabajadores ya que reducen significativamente la necesidad de jornadas extensas de trabajo, en las condiciones del campo mexicano como lugares remotos, climas extremos y lesiones por uso de herramientas manuales.
Desde al año 2000 venció y se liberó la patente del ingrediente activo glifosato, por lo que actualmente existen 34 registros en el país, 216 marcas de herbicidas con base en la molécula, y 22 empresas que se dedican a la venta de este herbicida. Se trata de un herbicida de amplia comercialización, que no constituye monopolio, en ningún sentido para las empresas que tradicionalmente se señalan como productoras y distribuidoras únicas del producto.
El dictamen aprobado explica que algunas voces ajenas al conocimiento pleno de la vida en el campo mexicano y a la producción agrícola, "han intentado regular y prohibir el glifosato en las prácticas agrícolas, y, de hecho, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México anunció recientemente un esquema para eliminarlo progresivamente y buscar una alternativa para 2024".
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También se advierte que, de acuerdo a la FAO, no hay evidencia suficiente para afirmar que las plagas invasoras son una amenaza creciente para la seguridad alimentaria y el medio ambiente; plagas que eran endémicas se están propagando por la vía del transporte internacional, para convertirlas en una amenaza regional o global.
“Las enfermedades emergentes de las plantas se están propagando por el comercio mundial y se arraigan por el clima; de aquí que la FAO sugiere proteger la sanidad vegetal por sus múltiples impactos positivos, siempre en marco de la normatividad internacional”, expresa el dictamen.
Con base en lo anterior, el dictamen propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal para conceda una prórroga a la entrada en vigor el Decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado que prohíbe el uso de ciertos agroquímicos para que, durante el periodo de transición a la restricción total siga siendo posible importar, distribuir y utilizar este herbicida a falta de alternativas y prácticas sostenibles.
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