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Los diputados del PRI , Dulce María Sauri y Enrique Ochoa Reza, presentaron a la Comisión Permanente un punto de acuerdo para dar marcha atrás al acuerdo del del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que tiene prioridad a la infraestructura eléctrica sobre las energías renovables .
En el documento se pide a la Secretaría de Energía y al Consejo de Administración de Cenace que reconsidere el acuerdo, ya que afecta derechos adquiridos de los generadores de energías renovables y de los consumidores en todo el país.
De acuerdo al texto, que tiene el apoyo de René Juárez, coordinador del PRI en San Lázaro y 33 diputados más, el acuerdo puede provocar litigios multimillonarios contra el Estado mexicano.
Por otra parte, pide a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que defienda la legalidad, impida el atropello y evite que el Cenace invada sus facultades. También, exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que garantice la libre concurrencia, la competencia económica y que proteja al consumidor final.
“Derivado del mandato legal con el que fue creado el Cenace, sorprende los alcances del acuerdo publicado el 29 de abril, el cual ha prendido las alarmas en el sector privado toda vez que atenta contra la generación de energías renovables y las inversiones que se están realizando en este sector” apuntan.
Destacaron que el Cenace, tomando como justificación la crisis sanitaria por el Covid-19, realizó medidas que afectan de manera grave al sector energético y particularmente aquellas centrales eléctricas que generan energías renovables.
Sauri Riancho y Ochoa Reza dejaron claro que la generación de energía eléctrica no es una actividad reservada para el Estado, es una actividad libre para la participación de los sectores privado y social, en función de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.
El acuerdo del Cenace plantea que para atender los supuestos problemas operativos de despacho de energía eléctrica surgidos por cambios en el mercado eléctrico atribuibles a la pandemia, se suspende de facto, las pruebas preoperativas de las Centrales Eléctricas “intermitentes” eólicas y fotovoltaicas en proceso de alcanzar operación comercial
Los diputados dicen que el acuerdo, también, niega de manera anticipada la autorización de pruebas preoperativas surgidos por cambios en el mercado eléctrico atribuibles a la pandemia.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) considera que el acuerdo impide arbitraria e indefinidamente la entrada de operación de nuevas centrales de generación limpia, las cuales deberían una actividad esencial para el país.
La normativa “erige barreras a la competencia y desplaza a la iniciativa privada, beneficiando indebidamente a centrales de generación más costosas y contaminantes”, señaló el organismo.
“Como en ocasiones anteriores, el sector privado tomará las medidas legales conducentes para defender la competencia con piso parejo y el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano”, advirtió el CCE.
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