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Diputados de oposición exigieron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación investigar a quienes resulten responsables por alterar el informe realizado por la consultoría PriceWaterhouseCoopers (PWC) sobre la viabilidad del Tren Maya.
En entrevista con EL UNIVERSAL , el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputado, Juan Carlos Romero Hicks, recordó que todo servidor público está obligado a actuar bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad (artículo 134 constitucional) y ante el incumplimiento de uno de estos principios, debe iniciarse una auditoría de oficio.
“Auditoría de oficio, existen instituciones que deben investigar: Fiscalía General de la República, Secretaria de la Función Pública, Órgano Interno de Control, Auditoría Superior de la Federación, ambas cámaras del Congreso de la Unión, entre otras. En todos los casos debe operar el Estado de Derecho, sin distinción”, declaró.
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De acuerdo a la información que dio a conocer El Gran Diario de México, Fonatur eliminó datos en los informes que encargó a PWC y que costaron al erario 32 millones de pesos. La información suprimida por la instancia gubernamental corresponde al Análisis Costo Beneficio que fue presentado a la SHCP para que determinara si el proyecto era viable o no. En las partes eliminadas, los especialistas recomendaban no construir el tramo Selva 2 debido a dificultades técnicas, sociales y ambientales.
Al respecto, Verónica Juárez, coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que dichas irregularidades “sólo ratifican las omisiones, fallas e imposiciones en la construcción del Tren Maya que el Gobierno Federal había negado sistemáticamente”.
“Está claro que al presidente López Obrador no le importan las alertas sobre las fallas técnicas que podrían poner el riesgo el adecuado funcionamiento del Tren Maya e incluso la vida de los pasajeros, porque está decidido a apresurar el funcionamiento de esta obra a costa de lo que sea”, declaró.
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La legisladora sostuvo que el titular del ejecutivo, en aras de obtener una rentabilidad política de la inauguración del Tren Maya a finales de 2023, está repitiendo los mismos vicios que en la Línea 12, donde por fallas estructurales ocurrió el accidente donde perdieron la vida 26 personas.
“Lo mejor es que la obra no se lleve a cabo, por las graves irregularidades que se han denunciado, por el impacto ambiental en la región y porque, a falta de una planeación adecuada, se convertirá en un elefante blanco. Pero si López Obrador se empeña en hacerla, al menos que por ahora se revisen con mucho detenimiento las fallas que se han detectado y se corrija lo que se tenga que corregir para evitar otra grave tragedia como la ocurrida en el Metro de la CDMX”, demandó.
Por su parte, Fabiola Loya, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja, adelantó que llevará el reclamo a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso , a realizarse este miércoles.
“Vamos a exigir que quien entró en funciones la Secretaría de la Función Pública no perpetúe las investigaciones que hay en curso, debe poner manos a la obra, así como la Auditoría Superior de la Federación, se debe castigar a quienes resulten responsables y así lo pediremos dentro de la comisión permanente, alzaremos la voz y exigiremos que no haya impunidad”, concluyó.
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