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Diputados de Morena elaboraron un proyecto de dictamen para armonizar y homologar los catastros y registros públicos inmobiliarios de personas morales, para evitar que personajes como el abogado Diego Fernández de Cevallos vuelvan a evadir impuestos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz confía en que el proyecto de dictamen de la nueva Ley General de Catastros y Registros Públicos se presente al pleno de la Cámara de Diputados antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, pues se prevé que la dictamine en estos días la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad.
Con esa nueva ley se pretende dar certeza a los particulares sobre la propiedad de sus bienes inmuebles y, al mismo tiempo, que sea una herramienta para combatir la evasión de impuestos.
Ante este panorama, Alavez Ruiz detalló que se prevé realizar un inventario real y confiable de los bienes inmuebles públicos y privados del país porque gobiernos anteriores permitieron que se perdieran cientos de juicios por carecer de un registro real.
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"[Eso] aunado a la corrupción, permitió que por ejemplo muchos hoteleros se hicieran de grandes extensiones de terrenos por esta deficiencia y evitar casos como el de Diego Fernández de Cevallos , quien debe por lo menos 900 millones de pesos por adeudos al predial desde 1993", afirmó la legisladora.
Entre los objetivos de esta ley general están homologar criterios, establecer mejores prácticas y aprovechar nuevas tecnologías de la información.
“Pasar de la máquina de escribir y papel carbón a la digitalización de los expedientes porque, aunque parezca increíble, en muchas oficinas regionales todavía trabajan así. Es decir, vamos a pasar del papel a la digitalización”, añadió.
En el predictamen se buscará que cada gobierno plantee los criterios y datos básicos que se deben considerar en los catastros y registros públicos para identificar los catálogos de predios.
Se buscará que, a través de esta nueva ley, se pueda identificar el inmueble, conocer su ubicación y uso para los diferentes propósitos de la administración pública, como prestación de servicios públicos, planeación, desarrollo urbano y regularización de la tenencia de la tierra.
De acuerdo con el Inegi , el inventario de inmuebles inscritos en los catastros municipales es de casi 18 millones de inmuebles, es decir, 50% de lo que tiene censado.
"Esto ha permitido, como ya dije, una millonaria evasión de impuestos", insistió la diputada.
Precisó que la ley no busca emitir criterios para la recaudación del impuesto predial, que es una facultad constitucional de los municipios. La norma no podrá influir en la forma en que se fijan las tablas de valores unitarios del suelo.
"Aspiramos construir un ordenamiento que fomente la cultura de la legalidad y del estado de derecho, que homologue criterios, mejore prácticas y uso de las nuevas tecnologías de la información que permitan reducir la brecha de desarrollo entre las distintas regiones del país", dijo.
cev/jcgp