La bancada de Morena en la Cámara de Diputados alista aprobar, por vía fast-track, la reforma para que el gobierno obtenga hasta 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, también conocido como de Gastos Catastróficos, para resarcir el boquete que se le generó a la Ley de Ingresos de la Federación 2021 el pasado jueves.
Las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud ya tienen listos los dictámenes (que prevén aprobar el martes) de la reforma que presentó apenas el pasado jueves el diputado de Morena Iván Arturo Pérez Negrón y que modifica los artículos 77 bis 17 y 29 de la Ley General de Salud.
El pasado miércoles, el pleno de San Lázaro aprobó y envió al Senado la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos, con un gasto para el Ejecutivo de 6 billones 262 mil 736.2 millones de pesos; sin embargo, tuvo una reducción de 33 mil millones de pesos a como la propuso el Presidente, debido a la eliminación de un artículo transitorio que buscaba hacerse de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar.
Por ello, Morena presentó, a través del diputado Pérez Negrón, la iniciativa para que el Instituto de Salud para el Bienestar instruya que el Fondo de Salud para el Bienestar, a más tardar el 1 de abril de 2021, concentre en la Tesorería de la Federación 33 mil millones de pesos del patrimonio de ese fideicomiso.
Además, busca que cuando este fondo acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el presupuesto 2020, como aportaciones al fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar, el remanente pueda destinarse a fortalecer acciones en materia de salud.
La propuesta de modificación agrega que los recursos acumulados que se mantengan en el fondo seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocaron gastos catastróficos, la atención de necesidades de infraestructura, el abasto y distribución de medicamentos y otros insumos, así como el acceso a exámenes clínicos.
El pasado martes, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, anunció la reforma que busca recuperar 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud y asegurar la compra de la vacuna Covid-19.
Delgado confirmó que sería avalada la Ley de Ingresos con 33 mil millones de pesos menos a como lo propuso el Poder Ejecutivo, pero con esta iniciativa, que se dictaminará la próxima semana, dijo que se recuperará esa cantidad para no ver afectado el gasto del gobierno federal.
Adelantó que en lo que el Senado avala la ley, se aprobará esta modificación para poder utilizar los recursos del fondo, y antes de enviarse al Ejecutivo será incorporada esta modificación y se recuperará esta cantidad.
Explicó que desde la semana pasada, en el debate de fideicomisos, presentarían una reforma a la Ley de Salud para cambiar el destino del fondo, “estamos presentando, por parte del diputado Pérez Negrón, esta iniciativa (...) Lo que se va a hacer es no desaparecer el fondo, sino que se va a topar y los excedentes los va a reasignar”.
Uso y aplicaciones
Según el último estado de cuenta disponible, el Fondo de Salud para el Bienestar tiene entre 97 mil millones y 101 mil millones de pesos. Con él se atienden cuidados natales y malformaciones congénitas, entre otros.
Con la desaparición de los fideicomisos Morena quería desmantelar este fondo y hacerse de estos recursos, pero las bancadas de oposición, es decir PAN, PRI, MC y PRD, lograron una victoria, al impedir que extrajeran los recursos de ese fondo.
Iniciativa
El legislador de Morena argumenta que el Fondo de Salud, año con año registra que ingresan más recursos que los que en realidad gasta y prácticamente el doble de los que se valida.
Pérez Negrón acusó que los gobiernos anteriores subrogaron la atención médica a instituciones privadas mediante el uso de los recursos en cuestión y por vía del Seguro Popular.
“Se argumentaba que la infraestructura pública no era suficiente y se subrogaban los servicios a privados, lo que provocaba que la inversión se redireccionara y se abonaba a la infraestructura pública, con lo que se mantendría insuficiente a perpetuidad”, describió.
Ante ese escenario, dijo, la Auditoría Superior de la Federación (AUF) determinó en 2014 una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionadora, dado que los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Servicios de Salud “no supervisaron a los prestadores de servicios del sistema del sector privado para verificar que las intervenciones médicas se realizaron con acceso efectivo”.
