El pleno de la aprobó el dictamen de la reforma al artículo 21 de la Constitución, para que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana () que encabeza , pueda investigar delitos y coordine el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública.

El dictamen quedó avalado por unanimidad de 441 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios.

En el debate, las y los legisladores de oposición aclararon que dan un voto de confianza en el proyecto, pero sin dejar de advertir que se requiere otra para fortalecer a las policías locales.

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El diputado del PRI, Humberto Ambriz Delgadillo, señaló que “el Estado fallido y en llamas que hoy padecemos se explica por una visión torcida, rupestre y delirante con la seguridad ciudadana, que ha renunciado a perseguir y castigar a los delincuentes y ha preferido permitirles controlar cada vez más espacios públicos y territorios de nuestro país, a cambio de una indeseable pero fiscal respaldo electoral”.

Pese a ello, señaló que la reforma aprobada “merece el respaldo de buena fe y con altura de miras de la bancada del PRI, pero que no da un cheque en blanco”.

En su oportunidad, Fernando Torres, del PAN, adelantó que su bancada votaría a favor de la reforma “porque atiende la demanda de la ciudadanía”, pero advirtió que la inseguridad “es un problema de Estado que necesita la atención de todas y todos”, al tiempo que celebró que el dictamen reconoce la obligación de entregar recursos a las entidades federativas en materia de seguridad.

Rodrigo Ramos, de MC, dijo que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador “hubo un abandono total o muy grande a las policías estatales y a las policías locales”, e hizo votos porque la reforma “corrija este problema”.

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En defensa del proyecto, la diputada Karina Barrera, del PT, sostuvo que la reforma que se discute “representa el compromiso de la Presidenta de la República para consolidar un país más justo y más seguro”, mientras que Arcelia Olguín, de Morena, dijo que “este porque concuerda en la necesidad de fortalecer la estrategia de seguridad pública en contra del crimen organizado, el cual ha sido un flagelo para la ciudadanía”.

La modificación a la Carta Magna señala que la SSPC formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivas; además de que auxiliará a la presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional.

Con la reforma también se le faculta a la dependencia federal para que coordine el sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, y organice las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, el secretario García Harfuch podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.

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