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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó dos iniciativas tendientes a fortalecer el combate al delito de feminicidio ; la primera para endurecer las penas contra quien cometa un feminicidio y tuviera ya una medida cautelar, y una más conocida como la “Ley Montse” para castigar a quienes encubran dicho flagelo.
El primer dictamen, aprobado por 450 votos a favor de Morena, PRI, PAN, PRD, PVEM y PT, cero en contra y 24 abstenciones de MC, permitirá aumentar las penas , hasta en una tercera parte, a quienes cometan el delito de homicidio o feminicidio, a pesar de tener una medida cautelar impuesta por otro delito en contra de la misma víctima.
Así, el tiempo en prisión de quienes sean sentenciados con la pena mínima de homicidio, pasará de 4 a 5.3 años; quienes sean sentenciados con la pena máxima de homicidio será 12 a 16 años; mientras que para el feminicidio solo se considerará la pena mínima para pasar de 40 años a 53.3 años, mientras que quienes sean condenados con la pena máxima, de 60 años, ya no se le aumentará el periodo en la cárcel.
Medida cautelar no ayuda a salvar vidas
Al presentar el dictamen, la diputa de Morena, María Guadalupe Román, denunció que existen casos recurrentes de mujeres víctimas de feminicidio, a pesar de que contaban con órdenes de protección o medidas cautelares.
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De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó, de enero a agosto del presente año se registraron 756 delitos de violencia familiar por día.
“Los datos demuestran que contar con una medida cautelar no hace la diferencia para salvarles la vida, por lo que no debemos escatimar las medidas legislativas para protegerlas, pues el Estado como ente garante de derechos humanos, tiene la obligación de salvaguardar la integridad de sus gobernados y de garantizar el derecho de la vida, ya que es el bien jurídico de mayor valía para las personas. Es urgente frenar la impunidad, es urgente que se castigue con mano dura a los feminicidas”, aseveró.
Víctimas de feminicido con órdenes de protección
Las y los diputados hablaron de diversos casos, entre ellos, el de Renata de 13 años, quien solicitó una orden de protección y 2 meses después fue víctima de feminicidio por parte de su padrastro que la había filmado duchándose, la violó y la asesinó; el de Ely de 42 años, quien trabajaba en mercado de abastos de Guadalajara, presentó dos denuncias y solicitó órdenes de protección, pero fueron insuficientes, pues fue asesinada por su expareja de tres disparos en la cabeza y uno en el pecho.
Uno más, el caso de Abril, de 48 años, quien fue víctima de tentativa de feminicidio por parte de su esposo por lo que solicitó medidas cautelares; sin embargo, el delito fue reclasificado a violencia familiar y lesiones, y fue asesinada de dos balazos.
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“Nuestro sistema debe migrar de ser punitivo a ser preventivo; pero entretanto ello no suceda, nuestro deber es utilizar todos y cada uno de los mecanismos necesarios para erradicar y eliminar la violencia”, declaró la diputada perredista, Elizabeth Pérez.
El segundo dictamen, denominado “Ley Montse” , elimina la figura de “excusa absolutoria” , que actualmente permite que los familiares consanguíneos y personas ligadas con el delincuente por amor, respeto, gratitud o amistad, puedan encubrir sin recibir ninguna pena.
Con la iniciativa de la morenista, Laura Imelda Pérez Segura, que se aprobó por 455 votos a favor de Morena, PRI, PAN, PRD, PVEM y PT, cero en contra y 23 abstenciones, los encubridores cercanos a la víctima podrán ser penados conforme al código penal, que actualmente establece de 3 meses a 3 años y de 15 a 60 días de multa.
Pérez Segura recordó que en el año 2021, Montserrat Bendimes , de 20 años, fue víctima de un presunto feminicidio a manos de su entonces pareja sentimental.
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“Ese asesinato no es el único en el que el agresor y presunto feminicida logró escapar con la ayuda de sus padres y familiares, y gracias a ello estuvo prófugo de la justicia por más de un año, sin ignorar que en muchos otros casos nunca, nunca son atrapados”, puntualizó.
El dictamen aprobado también que la pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.
Las abstenciones de Movimiento Ciudadano en las dos iniciativas, se derivan de una exigencia de más recursos para prevenir y combatir el delito de feminicidio.
Los dictámenes fueron turnados a la Cámara de Senadores para su análisis y discusión.
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