Con críticas de ser inconstitucional y de que sólo servirá para liberar delincuentes, las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen para expedir la Ley de Amnistía con la que se pretende perdonar el aborto, el robo y el narcotráfico a los pobres.
El dictamen fue apoyado por las bancadas de Morena, PT y PES con 38 votos a favor; en contra sufragaron PAN, MC y PRD, con 12; y cuatro abstenciones del PRI. Se prevé que hoy sea discutido en el pleno.
EL UNIVERSAL adelantó el pasado miércoles 4 de diciembre que este dictamen plantea el otorgamiento del perdón de delitos como la interrupción del embarazo (incluye a la mujer, familiares y médicos), así como delitos contra la salud que hayan cometido personas pobres y con extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidos y discriminados o tengan alguna discapacidad permanente.
También aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia que no ameriten cárcel de más de 4 años, así como el delito de sedición, que es un levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno, y los ilícitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso.
La oposición e incluso la vicecoordinadora de Morena, Tatiana Clouthier, señalaron que esta ley no tendrá efectos en las legislaciones locales, debido a que esta norma es federal, y para su aplicación en los estados, los congresos locales tendrán que hacer las modificaciones.
En su exposición, el panista Felipe Macías dijo que hay 100 mil casos de personas acusadas de narcomenudeo y, de aprobarse esta ley, estarían siendo liberados, lo que significa una “alerta total para la seguridad pública de las personas”, por lo que votaron en contra.
Se quejó de que habrá ciudadanos perjudicados por los narcomenudistas y ladrones de computadoras y celulares, entre otros, quienes será liberados, “esta Ley de Amnistía alimenta la impunidad y alimenta el perdón de los delincuentes”.
Enrique Ochoa Reza, del PRI, adelantó su voto en abstención porque hay serias dudas sobre este dictamen, sobre todo porque no se contempla a las víctimas, y consideran inconstitucional la solicitud a la Fiscalía General de la República de que se desista del ejercicio de la acción penal contra algún preso.
Para obtener impactos positivos se requiere una revisión profunda de los argumentos jurídicos, dijo.
La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, dijo que coinciden con el espíritu de esta ley; sin embargo, no comulgan con cómo se está planteando, pues hay una serie de vicios y no está bien hecha, pues no se están analizando sus alcances y es sólo propaganda política.
Explicó que no habrá beneficio directo a las personas que están detenidas en cárceles locales, pues esta legislación es federal y los Congresos locales tendrán que realizar sus propias modificaciones.
El morenista, Rubén Cayetano, defendió la nueva legislación y dijo que era justa por todos los casos de tortura, de chivos expiatorios y la falta del debido proceso que se dio durante décadas del pasado.
