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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de 457 votos a favor, una abstención, y cero en contra, la minuta por la que se crea la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, cuyo objetivo es fortalecer la prevención de muertes y lesiones de tránsito y se envió al Senado.
“Durante casi un siglo el orden urbano giró en torno al automóvil, las calles, las banquetas y las viviendas, entre otros, depredando el medio ambiente y la salud de los ciudadanos. Eso será corregido por las previsiones contempladas por esta ley”, dijo en tribuna el diputado de MC, Salomón Chertorivski.
La nueva ley establece la jerarquía de movilidad, dando la máxima prioridad de paso a los peatones, seguidos de los ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados. El tercer lugar de preferencia es para los usuarios y prestadores del servicio de transporte público, transporte y distribución de bienes y mercancías, y al final los conductores de vehículos particulares.
Durante el debate, el diputado Santy Montemayor (PVEM) indicó que en México “cada año se registran más de 17 mil decesos causados por accidentes viales”, por lo que la nueva legislación coadyuvará a mejorar la movilidad de la ciudadanía.
La diputada Alma Delia Navarrete (Morena) destacó que la nueva ley “es resultado del trabajo de más tres años entre diversos actores para garantizar el derecho a la movilidad”, ya que resulta urgente cambiar el paradigma debido a las 44 muertes diarias por accidentes de tránsito.
A través de esta ley se crea el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, un mecanismo que coordinará a autoridades municipales, estatales y federales. Se deberán generar e integrar indicadores y bases de datos para motivar investigaciones.
También garantiza a las víctimas de percances de tránsito y a sus familiares, la atención médica y sicológica integral y la reparación del daño.
Se emitirá una regulación técnica que contenga las especificaciones de los sistemas, dispositivos y estándares de seguridad que deberán tener los vehículos nuevos, con base en la NOM y los criterios internacionales, y las autoridades competentes deberán establecer un sistema de evaluación de vehículos nuevos, independientemente de fabricantes y concesionarios.
