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La comisión de Puntos constitucionales aprobó una reforma para establecer en la carta magna el derecho a la vivienda.
El dictamen, aprobado por unanimidad de 38 votos a favor, establece que “toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas cómodas e higiénicas”.
Para ello, se prevé el establecimiento de un sistema de vivienda con orientación social que permitirá a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá invertir sus recursos en la construcción de vivienda para que la persona trabajadora pueda adquirirla o arrendarla, en los términos que fije la ley.
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Adicionalmente, las personas trabajadoras, después de un año de cotización ante el Infonavit, podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social propiedad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
“En estas operaciones, la mensualidad no podrá exceder del treinta por ciento del salario de las personas trabajadoras”, puntualiza el dictamen.
Se establece que después de diez años de arrendamiento de una misma vivienda, “la persona trabajadora tendrá derecho a adquirirla en propiedad en los términos que establezca la ley”.
La reforma también señala que se fortalecerá la construcción de vivienda social para acrecentar el número de beneficiaros. Al respecto, el diputado del PAN, Miguel Rodarte, pidió que la construcción no quede a cargo del Ejército.
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“Respecto de la construcción de vivienda compartimos la preocupación respecto de que el gobierno quiere adjudicarse tareas en sectores que no es lo suyo, ya vimos cómo nos fue con el Tren Maya que nos dijeron costaría 120 mil millones de pesos y ha costado 450 mil millones de pesos, 275% más, y el mismo caso de dos bocas”, puntualizó.
La diputada de Morena, Irma Juan Carlos, celebró el aval del proyecto presidencial, y explicó que adicionalmente, la reforma establece mecanismos para evitar cualquier tipo de discrecionalidad o arbitrariedad que obstaculicen el acceso de los trabajadores a la vivienda o al arrendamiento.
“El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, y esta reforma se alinea con los principios de justicia social y solidaridad”, sentenció.
Tras su aprobación en lo general y en lo particular, el dictamen fue turnado a la mesa directiva para su análisis y debate en el pleno.
