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La diputada Laura Ballesteros (MC) propuso una reforma constitucional para establecer que la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas no será criminalizado por el Estado.
Así como para que el Ejecutivo federal emita los lineamientos de la política fiscal para gravar la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas.
Cobrar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el mercado de las drogas permitiría recaudar hasta un billón 113 mil 600 millones de pesos al año, explicó.
“La intención es sentar una de las bases para finalizar la guerra iniciada por el prohibicionismo, quitarle una de sus principales fuentes de ingresos al crimen organizado y abordar el consumo de sustancias desde una perspectiva de salud pública, y no de política criminal”, refirió.
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La propuesta de reforma a los artículos 4 y 73 de la Constitución fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.
En el régimen transitorio, la iniciativa señala que el Ejecutivo federal deberá emitir un Plan Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, con la finalidad de garantizar la salud de los consumidores.
Y el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 365 días, a partir de la entrada en vigor del decreto, para modificar la legislación aplicable en materia fiscal y penal.
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