Más Información
La diputada priista Karina Barrón Perales planteó reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para establecer que los servidores públicos del Poder Judicial sean sujetos a una sanción administrativa de 15 años, en caso de que incurran en perjuicio de las niñas, niños y adolescentes.
Propuso que esta pena administrativa, más la mitad de lo que se establezca con relación a la comisión del delito de que se trate, se aplicará a quienes no se conduzcan bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo e imparcialidad.
“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de prioridad y éste consiste en que, la autoridad les brinde protección y socorro ante cualquier circunstancia o situación en la que se encuentren”, indicó.
Barrón Perales reiteró que los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos deben considerar de manera primordial el interés superior de los menores, evitando a toda costa todo aquello que los afecte.
Recalcó que es obligación de los jueces examinar las circunstancias específicas de cada asunto para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa que beneficie a los infantes, mientras, agregó, los legisladores deben adquirir el compromiso de trabajar para proteger y cuidar de la población infantil.
“Los niñas, niños y adolescentes representan 25.3 por ciento (31.8 millones)1 de la población total del país y por desgracia, son parte también de una de las poblaciones más vulnerables al no atenderse sus necesidades sino por la falta de tratamiento como un sector prioritario de la sociedad”, refiere la iniciativa de la legisladora priista.
uul
