La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del PAN, propuso reformar la Constitución para prohibir la gestación subrogada comercial, por considerarla como un tipo de trata de personas y una forma moderna de esclavitud.
La legisladora planteó modificar los artículos 1 y 4 de la Carta Magna, y las Leyes Generales de Salud, y para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.
En la iniciativa establece que las niñas y los niños no podrán ser objeto de ninguna práctica relacionada con la gestación subrogada comercial, para protegerlos de dicha práctica, ya que, al no estar contemplada en la ley, existen empresas que aprovechan este vacío legal para promoverse en diferentes estados del país.
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“Hasta 350 mil pesos ofrecen empresas y reclutadores a mujeres que acceden a rentar su vientre por nueve meses. La mayoría de ellas cumplen una condición: provienen de sectores de bajos recursos y tienen menos de 36 años”, especificó la diputada panista.
Señaló que se trata de una red de corporativos dedicados exclusivamente a la gestación subrogada, y, para ello, “publican ofertas en redes sociales para enganchar a mujeres fértiles que acepten ser madres y, por medio de un contrato, cedan a su hijo a particulares una vez que den a luz”."No me robé ni un peso": exgobernador interino de NL busca trabajo
Su proyecto también proyecta que la Secretaría de Salud (SSa) deberá establecer las bases para prevenir y sancionar las prácticas de explotación reproductiva mediante la gestación subrogada, cuya finalidad sea la comercialización de niñas o niños.
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“Se entiende por explotación reproductiva a quien, aprovechándose de la reproducción asistida o subrogada, comercialice a las niñas o los niños nacidos de dichas prácticas”, define.
La legisladora panista expresó que es urgente prohibir la gestación subrogada comercial, debido a que atenta contra la dignidad de las mujeres y se convierte en una forma de trata de personas, ya sea por parte de una red organizada, que obligan a las mujeres para realizar dichas prácticas; o bien, de las madres y/o los padres intencionales que, con o sin contrato, ejercen violencia y vulneran el derecho a la dignidad de las personas.
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