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Cristina tiene pocas palabras para describir lo que sintió cuando hace cuatro años un juez la miró a la cara y, sin tener más que una declaración de una víctima y una fotografía de ella, le dictó una sentencia de ocho años de prisión por el supuesto delito de robo agravado calificado y pandillerismo.
Discriminación fue una de las primeras ideas que apareció en la mente de Cristina cuando pensó en lo sucedido. Ella y su pareja fueron detenidos por el mismo delito; sin embargo, la sentencia de él únicamente fue de cuatro años.
La mujer relata que su detención se llevó a cabo una mañana de 2016, luego de haber dejado a su hija en la primaria. En ese momento un policía la jaló por detrás y la subió a una patrulla para explicarle que la estaban acusando de un asesinato, al mismo tiempo le enseñó una foto con su expareja y su hijo de 13 años, sus supuestos cómplices.
A pesar de que en un inicio las autoridades le aseguraron que su juicio sería por homicidio, sin darle una mayor explicación, el delito se redujo al supuesto robo de un celular que el padre del menor había comprado en un tianguis para el Día de Reyes Magos.
“No te hagas pendeja, te dedicas a eso y tienes a tu pandilla, se dedican a subirse al transporte público, roban y matan a la gente”, le increpó un oficial a Cristina mientras estaba en el Ministerio Público.
Durante todo su proceso penal, la joven no tuvo acceso a su carpeta de investigación. Su abogada de oficio le pidió declararse culpable y tampoco se movió para conseguir pruebas a favor de ella.
Santa Martha Acatitla fue el reclusorio en el que Cristina estuvo recluida hasta que el juez le dictó la sentencia.
“Me dijo que una mujer no se debe meter en estos problemas. Siento que me discriminó por supuestamente andar robando.
“El día que me dieron ocho años [de cárcel] casi me muero. Quise hablar con el juez y le dije que ocho años era mucho, pero sólo me respondió: ‘Tú te lo buscaste’”, recuerda.
Critica que el sistema de justicia puede ser más duro con las mujeres, pues ella lo vivió en carne propia.
“En todo caso, el padre de mi hijo es más culpable porque él fue quien compró el celular que supuestamente se robaron”, señala.
Ya con la sentencia emitida, Cristina perdió todo contacto con su abogada de oficio. Su caso se pudo reabrir porque la organización Reinserta apeló la decisión del juez y sus especialistas dedicaron seis meses a demostrar su inocencia.
“Antes de meterte en esos problemas confías en la justicia, piensas que sí hacen su trabajo, pero dentro del reclusorio hay mucha gente inocente porque no siguen los procesos como son, entonces poco a poco te sientes perdida”, agrega.
Cristina cuenta su historia bajo anonimato por miedo, afirma, a los estigmas que una mujer adquiere cuando es recluida.
En ese sentido, comparte que después de salir de prisión se tuvo que cambiar de casa y abandonar su trabajo para evitar los comentarios y cuestionamientos de la gente.
Casi cuatro años después, Cristina admite que esa etapa de su vida será difícil de borrar, pero comenta que se siente mejor: “Ya con el tiempo dejé de hablar del tema, no tengo antecedentes penales y eso me ayudó para conseguir trabajo, ahorita ya nadie se acuerda o nadie sabe, ya ahorita estoy bien”.
