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El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aplazó la discusión programada para determinar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe o no atraer los amparos tramitados por la familia Jenkins y otros en contra de las órdenes de aprehensión emitidas por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta.
El debate estaba programado para ayer durante la sesión de la Primera Sala con la propuesta del ministro de atraer dos amparos tramitados contra las órdenes de captura que fueron libradas por un juez federal luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), encabezada por Juan Ramos, determinó reabrir las carpetas de investigación iniciadas contra la familia Jenkins.
Estas investigaciones derivaron de la denuncia presentada por Guillermo Jenkins de Landa contra toda su familia por el control de la Fundación Mary Street Jenkins, dueña de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Desde 2018 la extinta PGR determinó no proceder contra los Jenkins porque consideró que no existía delito que perseguir, pero en el año 2020 la FGR de Gertz Manero decidió reabrir la investigación, pese a la existencia de determinaciones judiciales que establecen que el no ejercicio de la acción penal está firme y es cosa juzgada.
EL UNIVERSAL informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) observó que esta reapertura de las investigaciones constituye un posible conflicto de intereses por parte de Ramos y del propio titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.
“Juan Ramos afectó la imparcialidad y objetividad de la función como subprocurador de la FGR anteponiendo intereses de negocios de la familia Gertz”, señaló la UIF.
Esto, debido a que desde el año 2007 Gertz Manero, en su carácter de rector de la Universidad de las Américas (UDLA), ordenó a Juan Ramos, apoderado legal de la institución, iniciar un litigio contra la UDLAP y la familia Jenkins por el uso de la marca y nombre comercial “Universidad de las Américas”.
Los litigios iniciados por Gertz Manero ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) sólo prosperaron hasta el año 2019, cuando el ahora exrector de la UDLA ya había sido designado titular de la FGR.
Gertz Manero fue designado rector de la UDLA desde 1995 y hasta noviembre de 2018.
Según el informe de la UIF, las cuentas de la universidad fueron utilizadas para enviar millonarias cantidades a cuentas bancarias a nombre del fiscal y sus familiares en México y el extranjero, incluyendo paraísos fiscales, por cerca de 150 millones de pesos aun después de que concluyó su cargo como rector.
