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Diego Valadés Ríos, exprocurador general de Justicia e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se pronuncia en contra de que se elija a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través del voto popular, como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista con EL UNIVERSAL sostiene que no se debe politizar la justicia y llevar a las urnas la elección de los ministros, pues eso lejos de ser democrático, es demagógico.
El reconocido jurista alza la voz para oponerse a que a los ministros del máximo tribunal se les reduzcan los ingresos por debajo de lo que gana el Presidente de la República.
El exministro de la SCJN explica que al haber un recorte en las percepciones de los ministros, tendría que bajarse el salario al resto de los juzgadores, quienes realizan su trabajo en condiciones de presión extrema, y esto los desincentivaría, lo que podría afectar la seguridad jurídica, la economía y el bienestar de los mexicanos.
Diego Valadés sostiene que sí hace falta una nueva reforma judicial en México, pero no para debilitarla, como se pretende, sino para que exista una mejor justicia constitucional. En este sentido, subraya que habría que revisar, por ejemplo, la regla de que al menos ocho de los 11 ministros deben votar a favor para que una reforma pueda ser declarada inconstitucional. 1@
También sale en defensa del máximo tribunal del país ante los embates que ha sufrido desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, y subraya que no hay motivo para que el Congreso de la Unión emprenda un juicio político contra los ministros que votaron en favor de invalidar la primera parte del Plan B, porque lejos de cometer faltas graves a la Constitución Política, lo único que hicieron fue aplicar lo que dice la Carta Magna.
-¿Hace falta en México una nueva reforma al Poder Judicial?
-El Poder Judicial puede ser objeto de reformas que contribuyan a una mejor justicia constitucional en México. Por ejemplo, la Constitución exige que al menos ocho ministros voten en el sentido de declarar la inconstitucionalidad de una ley para que tenga efectos generales. Esto significa que basta con cuatro ministros, la minoría, para que sea considerada constitucional. Esto es incomprensible.
-¿Qué opina de la iniciativa de reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador planea presentar en septiembre de 2024 para que los ministros sean designados a través del voto popular?
-El presidente está en su derecho de enviar iniciativas al Congreso, pero estoy seguro de que esa idea no prosperará porque carece de fundamento jurídico y democrático. En Bolivia, donde ese procedimiento electoral de los magistrados se aplica desde 2009, ha dado muy malos resultados. La participación electoral ha sido bajísima y la politización de la justicia, basada en razonamientos frecuentemente demagógicos, ha empobrecido la justicia.
-¿Son los ministros de la Corte una casta divina como dicen Morena y el presidente?
-De ninguna manera. En toda la historia de México nunca se habían proferido tantos insultos en contra de los juzgadores. La movilización frente a las instalaciones de la Corte se inspira y justifica en esa retórica exaltada y rijosa; la presencia tumultuaria y agresiva tiene un propósito intimidante difícil de ver en un Estado civilizado. Hay que aplaudir que los ministros han sabido mantener la compostura.
-Coincide con el senador Ricardo Monreal en que los ministros son privilegiados y tienen gastos excesivos?
-Lamento la nueva actitud del líder de la mayoría; su trayectoria había sido conciliatoria y respetuosa. Ahora amenaza a los ministros con destituirlos. Esto tampoco tiene precedente en México.
-¿Los ministros de la Corte deberían moderar sus beneficios económicos y tener ingresos inferiores a los del presidente, o su salario y prestaciones están justificados?
-El gobierno del presidente Miguel de la Madrid inició una política de apoyo a las remuneraciones y prestaciones para los miembros de la Judicatura Federal, que tuvo como resultado atraer al servicio de la justicia a muchos de los mejores abogados del país. Los juzgadores resuelven acerca de la libertad, del patrimonio y de la seguridad jurídica de las personas. Disminuir los ingresos de los ministros implicaría hacerlo también con los centenares de magistrados y de jueces federales, que siguen en la escala jerárquica. Esto violaría sus derechos y afectaría sus estímulos para realizar un trabajo que se hace en condiciones de tensión extrema y, muchas veces, con grave riesgo personal e incluso familiar. Si se aplicaran medidas en perjuicio de un personal tan bien preparado y se produjeran deserciones, los efectos negativos dañarían la seguridad jurídica, la economía y el bienestar de la población. En muchas democracias, los altos jueces ganan más que los gobernantes.
-¿Es parte de la democracia que el presidente critique y acuse de corrupción a los ministros de la Corte?
-Si el presidente tuviera elementos para sustentar sus acusaciones, debería ponerlos en conocimiento del ministerio público. Si después de cuatro años de repetir tan graves imputaciones no lo ha hecho, es porque tal vez no los tiene, y en este caso dejo que el lector saque sus conclusiones.
-¿Cuáles son los riesgos de que continúen las descalificaciones desde Palacio Nacional a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y a los ministros que no son incondicionales?
-Erosionar la confianza social en las instituciones; en todas, no sólo en la judicatura. Los ataques personales dañan a sus destinatarios, pero también a quien los emite.
¿Tiene sustento lo que dijo el gobierno federal en el sentido de que la Corte sustituyó al Congreso al declarar la invalidez de la primera parte del Plan B?
-Esa es una tesis para confundir a la sociedad. En todas partes el trabajo de los jueces constitucionales consiste en aplicar la Constitución y dar la razón a quien la tenga. Cuando quienes contravienen la Constitución son los legisladores, se debe enmendar lo que hicieron mal por descuido o con intención. Los argumentos en el sentido de que pueden hacer lo que les plazca porque fueron elegidos popularmente, habla mal de la democracia y suena a algo así como decir: “los elegidos somos impunes”.
-¿El fallo apoyado por 9 de 11 ministros para declarar la invalidez de la primera parte del Plan B es causal de juicio político?
-De ninguna manera. El juicio político se aplica cuando los servidores públicos incurren en faltas graves a la Constitución, pero los ministros hicieron lo contrario: aplicaron la Constitución a quienes, a la vista del país entero, hicieron del trabajo legislativo un espectáculo deplorable, aprobando leyes sin siquiera leerlas, mucho menos debatirlas. Supongo que muchos legisladores están avergonzados consigo mismos.
-¿Los ministros de la SCJN pueden ser llamados a comparecer ante el Senado para exigirles cuentas?
-No hay norma alguna que lo autorice; en ningún Estado Constitucional.
