La Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos dictaminar la iniciativa relativa a la desaparición de los órganos autónomos el 15 de agosto, y la iniciativa de reforma judicial el 22 de agosto.
También acordó convocar a sesión permanente para el 1 de agosto, a fin de comenzar a dictaminar el paquete de 18 reformas a la Constitución que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso el 5 de febrero.
En el acuerdo avalado por 12 votos por parte de Morena, PT y PVEM, y tres sufragios en contra de la oposición se establecía que nadie podría interponer reservas a los dictámenes durante el debate en comisiones y las observaciones deberían llevarse al pleno.
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Sin embargo, la redacción fue calificada por los legisladores de la oposición como una “mordaza” y advirtieron que existía riesgo de “albazos”, toda vez que no había un calendario puntual de los días en que se irán dictaminando los proyectos.
“No se presentarán reservas a los proyectos de decreto en las reuniones de la comisión; en su caso, se podrán presentar en la oportunidad legal ante el pleno de la Cámara de Diputados”, señalaba el punto número cinco del acuerdo.
Por lo anterior, y luego de un largo debate que se prolongó por casi tres horas, los diputados de Morena y sus aliados aceptaron modificar la redacción en uno de los puntos, para dejarla de la siguiente manera: “Las y los diputados integrantes de la comisión podrán presentar reservas, que se presentarán a la Mesa Directiva de la Cámara para su proceso y, en su caso, discusión ante el pleno de la Cámara de Diputados, conforme a las disposiciones reglamentarias respectivas”.
Al respecto, la diputada del PAN, Paulina Rubio, declaró que “nos ponen una mordaza para no presentar reservas en la comisión, y nos dicen que las reservas deberán de ser presentadas en el pleno. Nos parece muy grave que se le quite al legislador la posibilidad de externar y de poder presentar reservas desde la comisión”.
Puntualizó que el acuerdo no cuenta con un calendario que dé claridad sobre qué días se van a discutir los temas, “y eso representa una falta absoluta de transparencia, porque pareciera entonces que los temas quieren ser abordados a través de albazos”.
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En su oportunidad, el diputado del PRI Marco Antonio Mendoza dijo que el acuerdo tiene deficiencias de forma y de fondo, y no cumple con el reglamento de la Cámara de Diputados.
“La prohibición de interponer reservas coarta cualquier posibilidad de enriquecer los dictámenes antes de que lleguen al pleno de la Cámara de Diputados, y es algo que viola el reglamento de la Cámara”.
En defensa del acuerdo, el diputado Salvador Caro Cabrera (Morena) justificó que en lo que respecta al tema del Poder Judicial la discusión se ha dado en los foros que realiza la Cámara de Diputados.
“Cuando se habla de no reservas se está hablando de algo que es muy relevante, se está dejando a salvo la libre discusión, como ha sucedido, por ejemplo, en los foros de consulta sobre la reforma al Poder Judicial”, subrayó el legislador.
En tanto que el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, sostuvo que la presentación de reservas es una “táctica dilatoria” de la oposición para evitar que se aprueben las reformas del Presidente, y recordó que las reservas finalmente podrán debatirse en el pleno.
“Dice Acción Nacional que queremos ponerle mordaza, nombre, aunque quisiéramos, hablan hasta por los codos, van a presentar, seguro, 300 mil reservas para estar discutiendo mañana, tarde y noche durante los días que sea necesario, hasta que se desmaye un representante de la oposición de tanto subir a tribuna”, refirió.
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También a petición de los opositores se armó un calendario al vapor, en el que se establece que el 1 de agosto se dictaminarán las reformas en materia de apoyo a jóvenes, pensión de retiro, salarios y vivienda para trabajadores, así como las reformas en materia de agua, alimentos, protección al medio ambiente, atención médica, bienestar, protección a la salud, y de protección y cuidado animal.
Para el 2 de agosto, se dictaminarán las reformas en materia de vías y transporte ferroviario, así como la de austeridad y percepciones de servidores públicos; el 9 de agosto, la que busca fortalecer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
El 13 de agosto, la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa; el 14 de agosto, la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas, que contempla el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); el 15 de agosto se dará el calendario para dictaminar las iniciativas en materia de simplificación administrativa y electoral, que prevé la eliminación del Inai, la CRE y la Cofece y, finalmente, el 22 de agosto se prevé que se dictamine la reforma al Poder Judicial.
