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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 15 millones de pesos en la entrega de los apoyos para la reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017 operada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Facturas canceladas y falta de comprobación de la entrega de apoyos a los damnificados son algunas de las anomalías que encontró el órgano auditor al revisar la dispersión de los apoyos por los sismos de septiembre de 2017.
La ASF detalló que Sedatu presentó una factura cancelada por 14 millones 491 mil pesos para la remoción de escombros de viviendas afectadas.
Detalló que la Comisión Nacional de Vivienda no comprobó que los damnificados recibieran los materiales para la reconstrucción en 11 de los 12 contratos celebrados con proveedores de servicios de asistencia técnica a quienes se les hicieron pagos por 21 millones de pesos en 2017; el organismo tampoco reintegró a la Tesorería de la Federación 37 millones 153 mil pesos dentro de los 15 días naturales al cierre del ejercicio 2017.
El órgano auditor destacó que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., no actualizó ni sometió a autorización la normativa para regular el diseño y actualización de la distribución, resguardo y custodia de las tarjetas del Programa Fonden en los estados de Oaxaca y Chiapas, además de que no se establecieron procedimientos seguros de control de acceso a los archivos que contienen información sensible de los usuarios.
La ASF observó que el esquema bajo el cual se decidió que participaran la Sedatu, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y la Comisión Nacional de Vivienda para dar atención a la población de las zonas afectadas y la restauración de los daños ocasionados por los sismos limitó que la población alcanzara un “entorno de normalidad social y económica”.
La Sedatu no tuvo un padrón suficiente y confiable de las viviendas dañadas por los temblores, por lo que 506 mil 298 personas afectadas no recibieron la atención suficiente por parte del gobierno federal.
En la entrega del Informe de Fiscalización a la Cuenta Pública 2017, en las nueve auditorías realizadas sobre el caso la ASF también detectó que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros no dispuso de procedimientos específicos para la entrega oportuna de los recursos.
Además, en las acciones realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Chiapas, Oaxaca y Morelos la ASF detectó irregularidades por 77.4 millones de pesos, debido a la ausencia de documentación que justificara y comprobara el ejercicio de los recursos.
