Más Información
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que en el vigésimo noveno y trigésimo concursos internos de oposición para designar jueces de Distrito detectó faltas, algunas graves, cometidas por varios aspirantes.
Por ello, descalificó a unos y sobre quienes incurrieron en faltas graves ordenó dar vista a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas para que inicie las investigaciones correspondientes.
Mediante un comunicado, el CJF indicó que detectó estas conductas al analizar las listas de quienes pasaron a la segunda etapa de los concursos.
“Para cuidar la salud de todos los sustentantes el cuestionario se realizó a distancia y se utilizó un sistema de supervisión que permite detectar conductas que pudieran comprometer la integridad del examen. Así, las listas referidas derivan de un análisis integral, exhaustivo y estricto de los resultados obtenidos por los participantes, así como de las conductas en las que incurrieron al realizar el cuestionario.
“Derivado de tal análisis, se advirtieron algunas infracciones al reglamento que rige los concursos y a la normatividad aplicable, las cuales ameritaron la descalificación de los participantes que las cometieron. No obstante, en algunos casos especialmente graves adicionalmente se ordenó dar vista a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, a efecto de que, con total respeto al debido proceso, se investigue la posible existencia de faltas administrativas y, de ser el caso, se determinen las sanciones correspondientes”, detalló el Consejo.
En el año 2018 el CJF detectó el robo y compraventa ilegal de los exámenes de oposición del vigésimo octavo concurso para jueces de Distrito.
Por ello, anuló el concurso en el que habían participado más de 2 mil aspirantes y a cuya segunda etapa pasaron sólo 91.
Por estos hechos el CJF suspendió al magistrado Salvador Mondragón Reyes, exdirector del Instituto de la Judicatura Federal, a quien posteriormente encontró responsable de la filtración y venta de los exámenes, razón por la que lo destituyó e inhabilitó por 10 años.
Además, otros funcionarios implicados en el caso del robo y venta ilegal de los exámenes para jueces recibieron sanciones por no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo en el desempeño de sus labores.
Por la anulación del concurso, los entonces aspirantes presentaron diversos recursos de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que provocó que el ministro Javier Laynez Potisek ordenara la creación de una comisión de secretarios para reunir y hacer los proyectos de sentencia de los recursos, pero no ha emitido resolución en estos recursos.
