El Senado de la República mantiene en la congeladora legislativa la minuta aprobada desde 2020 en la Cámara de Diputados que se expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, ello a pesar de que casi 400 mil mexicanos han huido de sus pueblos, rancherías e incluso ciudades por el acecho, la amenaza, el cobro de piso y extorsiones de cárteles y grupos criminales.
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En medio del éxodo de mexicanos que huyen de la violencia por miles en el país, de pueblos y regiones de Michoacán, Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, entre otras, tuvieron que dejar sus hogares entre 2008 y 2021 alrededor de 379 mil personas debido a la violencia, pese a ello, en el Senado no ha sido prioridad este marco legal que busca atender este fenómeno que en los últimos años va en aumento.
En este contexto, la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión exhortó este mes al Senado para que dictamine dicha minuta aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2020.
“El desplazamiento forzado interno es un fenómeno complejo que afecta una parte de la población mundial. De acuerdo con la información del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), la cantidad de personas que vive en situación de desplazamiento alcanzó la cifra récord de 55 millones al 31 de diciembre de 2020”, indica.
El documento enviado al Senado destaca que en nuestro país, conforme a los datos proporcionados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se calcula que en 2021 había 379 mil personas desplazadas internas debido a la violencia y conflictos.
En el caso mexicano, son las comunidades indígenas las que se ven más obligadas a dejar sus lugares de origen por diversas causas, situación que se corrobora con el informe de la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre su visita a México en 2017.
Asimismo, se indica que el desplazamiento forzado interno tiene mayor reconocimiento normativo a nivel internacional, específicamente, en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, que con independencia de su carácter no vinculante, se integra por normas y estándares del derecho internacional que sí cuentan con carácter obligatorio.
Sin embargo, se advierte que en México no existe una norma jurídica especializada aplicable en materia de desplazamiento forzado interno, éste únicamente se reconoce íntimamente en la Ley General de Víctimas de 2013, puesto que se limita a referir que las personas desplazadas son un grupo que presenta una condición de vulnerabilidad, víctimas de violaciones a sus derechos humanos y que requieren atención con un enfoque diferencial y especializado.
En el exhorto al Senado se señala que la minuta fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, Segunda. “Sin embargo, a más de dos años y medio no ha sido dictaminada por las comisiones correspondientes, situación que hace ineficaz la protección de los derechos humanos de las personas desplazadas y su acceso a la tutela judicial efectiva”.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en su reporte Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México–Informe 2021, durante ese año se vieron afectadas 10 unidades federativas, 57 municipios y 221 localidades, en donde Michoacán fue el estado con más personas desplazadas internas y Jalisco tuvo un incremento exponencial en casos.
De acuerdo con el documento, existen tres causas principales que generan los episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México: La violencia generada por grupos armados organizados; la violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales, y la violación de derechos humanos.
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De la Nueva Haití a la Nueva Michoacán
En Tijuana, el albergue conocido como La Pequeña Haití, fundado en 2016, en los últimos dos ya es conocido como La Pequeña Michoacán o La Pequeña Apatzingán porque los caribeños ya no están llegando a esta frontera y ahora es el éxodo de michoacanos de la región de la Tierra Caliente, quienes huyen de la guerra de los cárteles, las extorsiones, asesinatos y cobros de piso, reveló el pastor Gustavo Banda, director del albergue.
En la zona de Playas de Tijuana, José se agarra de los barrotes oxidados del muro fronterizo que separa Tijuana de San Diego. A unos 100 metros, una camioneta de la Border Patrol vigila sus movimientos mientras que el alfarero jalisciense narra la tragedia que lo obligó a huir, a intentar dos veces cruzar como indocumentado y el miedo de regresar a Tlaquepaque.
Él forma parte de los miles de mexicanos que están varados en la centenaria Tijuana, en espera de cruzar al otro lado y solicitar asilo para salvar su vida. Están huyendo de los cárteles y de la violencia de estados como Michoacán, Guerrero y Jalisco.
“Yo soy de Jalisco, soy alfarero. Me vine para acá porque mataron a mi hermano que tenía un taller de alfarería en Tlaquepaque, no pagó el derecho de piso. Yo me salvé porque estaba en el baño. Desde hace dos años estoy aquí en Tijuana, huyendo para que no me encuentren. Ya crucé tres veces y las tres me deportaron. En mi ciudad extorsionan a todos, desde el que vende nieves o tamales en la calle, hasta a los grandes comercios”, dijo a EL UNIVERSAL mientras sobrevive vendiendo chicles.
En Apatzingán, en la Tierra Caliente de Michoacán, el padre Gregorio López comentó que en lo que va del sexenio, tan sólo en esa región se calcula que han huido de sus hogares a causa de la violencia que provoca el crimen organizado, alrededor de 34 mil personas, muchas de ellas hacia otros estados y un porcentaje a Estados Unidos.
El padre Goyo y otros religiosos habilitaron refugios donde reciben a las familias que llegan de Coalcomán, Chinicuila, Tepalcatepec, Buenavista y Aguililla.