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Aun cuando desde diciembre de 2018 el gobierno mexicano fue notificado de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Atenco, siete de las nueve medidas emitidas permanecen sin cumplir.
Así lo afirmaron las mujeres víctimas de los hechos ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, durante una conferencia de prensa en el marco de los 15 años del operativo en el que fueron detenidas, torturadas y violadas.
La resolución de la Corte IDH fue notificada al gobierno mexicano en diciembre de 2018 y en sus resolutivos el organismo internacional solicitó a México implementar nueve medidas de reparación, investigación y no repetición a favor de las mujeres que fueron reconocidas como víctimas de tortura sexual por parte de policías.
De todas las medidas, sólo dos fueron cumplidas en su totalidad, mientras que siete permanecen pendientes. Entre ellas, el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para la cual el gobierno mexicano contaba con dos años para cumplir mismos y ya concluyeron.
“A partir de octubre de 2019 se encuentra detenido, han cambiado al menos tres ocasiones de ruta para su funcionamiento”, señaló Sofía de Robina, colaboradora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que asesora a las víctimas.
“Después de dos años siguen buscando la manera en que se va a formalizar el mecanismo, mismo que emitió dos dictámenes, lo que demuestra que su funcionalidad ha sido nula, pues nosotras hemos seguido documentando la persistencia de esta práctica contra las mujeres, muchas en prisión”, dijo.
Otra medida fue la creación de un observatorio independiente para supervisar el uso de la fuerza, y se debía incluir a la extinta Policía Federal.
De Robina explicó que con la creación de la Guardia Nacional, con la que se eliminó la PF, las víctimas pidieron incluir a la nueva corporación en el observatorio, pero la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha convocado a las víctimas a ninguna mesa de diálogo para ver cómo va el cumplimiento de la medida.
Por ello, las víctimas enviaron a la Segob en 2019 una propuesta de observatorio independiente: “En su tercer informe, el Estado mexicano respondió a la Corte que las instituciones ya tienen órganos internos de control y la Auditoría Superior de la Federación, por lo que un observatorio como este podría afectar al sigilo de la investigación”, añadió De Robina.
Esto, fue calificado por las víctimas de preocupante, pues con esta respuesta consideraron que el Estado mexicano rechazó cumplir con este punto de la resolución de la CoIDH.
“Hoy no traemos buenas noticias, tenemos las peores noticias (...) hemos recurrido a cuatro gobiernos distintos para exigir justicia y los cuatro nos han llevado al límite de la injusticia”, reprochó Bárbara Méndez, víctima de Atenco.
“Queremos que lo que ocurrió en 2006 se esclarezca para que no vuelva a pasar nunca más”. Aunque el gobierno mexicano no ha cumplido la resolución de la Corte IDH, el sistema interamericano no puede sancionar a los Estados que no acatan sus resoluciones.
