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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó desempolvar los asuntos sobre el fuero militar y la militarización de la seguridad pública , algunos de los cuales datan desde 2016.
En sesión privada, los once ministros encabezados por Arturo Zaldívar declararon de atención urgente cinco acciones de inconstitucionalidad, tres controversias constitucionales y un amparo en revisión relacionados con la regulación de la Guardia Nacional, normas penales militares y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Aunque no precisaron cuándo, los ministros determinaron dar trámite y resolverlos de manera prioritaria los asuntos promovidos desde hace años por legisladores, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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El máximo tribunal señaló que en dichos recursos se impugnan diversas disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Nacional de Registro de Detenciones; el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y el Acuerdo que dispone de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública.
Entre los recursos que serán analizados por los ministros, se encuentran las acciones de inconstitucionalidad presentadas en 2016 y 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la ampliación del fuero militar y la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Nacional de Registro de Detenciones; y la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.
Asimismo, someterán a revisión la acción de inconstitucionalidad que 49 senadores de distintos partidos políticos presentaron contra la reforma que avala el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
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Las tres controversias constitucionales con número de expediente 85/2020, 87/2020, 91/2020 pendientes de resolver por la Corte, fueron promovidas por los gobiernos de Colima, Michoacán, la Cámara de Diputados y el municipio de Arteaga, Aguascalientes, contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2024.
Cabe recordar que la semana pasada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundada la controversia constitucional promovida por la expresidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas contra el llamado acuerdo militarista.
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