Ante el regreso a clases presenciales el 7 de junio, sólo 15 secretarías de Educación estatales realizaron un diagnóstico de las condiciones en las que se encuentran los planteles a un año de que se suspendieron las actividades por la pandemia de Covid-19.
En 10 entidades no existe un dictamen previo al retorno, mientras que en cinco fueron asociaciones de padres de familia quienes se encargaron de llevar a cabo un censo a fin de identificar las necesidades de las escuelas.
La CNTE realizó la revisión en Baja California y, en el caso de Quintana Roo, fue Protección Civil la instancia que detectó que se han robado bombas de agua, cableado eléctrico e implementos de baño.
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Al respecto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal indicó que no cuenta con un informe detallado sobre la situación en la que se encuentran los centros educativos.
Argumentó que en el país existe una descentralización de la educación, por lo que la revisión de las escuelas corresponde a las autoridades estatales.
EL UNIVERSAL solicitó a la SEP una actualización de estos datos, pero la dependencia que hoy encabeza Delfina Gómez reiteró que la mencionada información es descentralizada.
Las instancias educativas que sí realizaron un diagnóstico fueron las de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, la capital, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Querétaro, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.
En contraste, las entidades en las que no se ha efectuado un censo de los planteles educativos para saber si sufrieron vandalismo, robos o si cuentan con agua potable son Chiapas —a pesar de que ya inició el regreso escalonado a las aulas—, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
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A su vez, padres de familia en Baja California Sur, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Tlaxcala se han encargado de revisar las condiciones de los centros educativos.
En cuanto a las entidades que sí presentaron un diagnóstico, sólo la Ciudad de México afirmó que de 207 escuelas públicas vandalizadas durante el confinamiento, 201 ya fueron rehabilitadas; sin embargo, docentes que pertenecen a la CNTE de la sección 9 afirman que “pasar un trapito” no es suficiente para un regreso a clases sin riesgos.
Las principales afectaciones fueron vidrios rotos, robo de material escolar, de tazas de baño, quema de objetos y grafitis en paredes y mobiliario.
Los otros 14 estados en los que las autoridades revisaron las condiciones de los planteles coincidieron en que tendrán que apoyarse en padres de familia para la limpieza, pero pidieron ayuda de instancias con lo relacionado a la electricidad, agua potable y contención de fauna nociva.
Agregaron que, para evitar robos, sería necesario contratar veladores, pero para ello se requiere hacer una serie de trámites en las secretarías de Educación estatales, además de solicitar mayor presupuesto a Hacienda.
Jaime Flores Merlo, titular de Educación de Colima, llamó a los padres de familia y directores a participar en las actividades de limpieza, bajo el argumento de que no todos los centros educativos cuentan con personal.
“De 944 escuelas, alrededor de 10% contarán con personal de limpieza”, expuso.
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En el caso de Guanajuato y Jalisco, sí se destinó un presupuesto para reparar los daños a tuberías y mantenimiento.
En los cinco estados donde padres se organizaron para exigir que se levante un padrón con las necesidades de los planteles, sólo se han llevado a cabo actividades de higiene y reparación.
En Quintana Roo, el coordinador estatal de Protección Civil, Adrián Martínez, enfatizó que un promedio de 150 escuelas fueron vandalizadas, por lo que presentarán un diagnóstico a Educación estatal.
En Baja California, integrantes de la CNTE pidieron al gobierno que se encargue de pagar los daños y que “no ocurra como antes de la pandemia, que eran los padres y educadores los que se hacían cargo”.