El desaseo en la elección de Rosario Piedra Ibarra como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la intervención del Poder Ejecutivo, le quita legitimidad a dicho proceso y afecta el prestigio de la institución y de la ombudsperson, consideró el expresidente del organismo autónomo, José Luis Soberanes Fernández.

Este prestigio es el mayor activo con el que cuenta la máxima institución defensora de los derechos humanos en México, puesto que su fuerza es moral, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL. La intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador dejó “mal parada” a Piedra Ibarra, afirmó Soberanes Fernández.

“Fue un proceso poco aseado, se vio desde el principio la intención del Ejecutivo para que fuera la persona que él quería. Si la primera característica del ómbudsman es la autonomía, pues ahí la dejó mal parada la intervención del Ejecutivo. Él [López Obrador] debió haber sido totalmente ajeno al proceso legislativo. Ahí empezó la problemática”, señaló.

Entre el miércoles y el jueves renunciaron cinco de los 10 consejeros honorarios de la CNDH, luego de la polémica que se desató a raíz de la elección de Piedra Ibarra en el Senado.

Las consejeras María Ampudia González, Mariclaire Acosta Urquidi, Angélica Cuéllar Vázquez y María Olga Noriega Sáenz renunciaron el jueves; mientras que Alberto Manuel Athié Gallo presentó su dimisión a este cargo el miércoles. Las consejeras criticaron la elección porque “presagia el sometimiento abierto” de la CNDH a “quienes actualmente detentan el poder político”.

Por su parte, el expresidente de la CNDH consideró que no se puede decir aún que con la elección de Piedra Ibarra se termine la autonomía e independencia de la comisión, puesto que la ombudsperson tiene derecho de actuar antes de ser juzgada; sin embargo, insistió, el Senado “debió ser más cuidadoso” con el proceso en el cual hubo acciones de violencia.

“La institución se basa fundamentalmente en un prestigio, en una buena opinión. Entonces, la dejan un poco en el desamparo. Más que nada hay un cuestionamiento porque no es lo mismo nombrar a un servidor público que va a hacer un trabajo meramente técnico a otro cuyo trabajo se basa en el buen nombre y prestigio personal. Sin ese buen nombre, se nos viene por tierra la eficacia misma de la institución”, dijo.

El abogado consideró que el prestigio que ha construido el organismo autónomo a lo largo de 20 años podría verse afectado “por una frivolidad”.

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