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El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU instó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública y regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles.
En el informe relacionado con la visita que realizó a México hace cinco meses, el Comité sostiene que la política pública de seguridad debe construirse en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad, conforme al artículo 21 de la Constitución Política.
En este sentido, reiteró su recomendación al gobierno mexicano de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro ordenado , inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
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En su informe, el organismo de las Naciones Unidas argumenta que el enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado mexicano desde los años noventa y fomentado por la reforma legislativa del 2006, que ha sido caracterizado por la militarización para combatir la delincuencia, ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos .
Lamentó que esta tendencia continúe en el sexenio actual, lo que se demuestra con tres hechos: el Decreto de 26 marzo de 2019 que reforma el artículo 21 de la Constitución y crea la Guardia Nacional como una institución policial de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, que en sus disposiciones transitorias brinda una amplia intervención al Ejército y a la Marina en las labores de seguridad pública.
El Acuerdo Presidencial publicado en mayo de 2020, que ordena a la Fuerza Armada permanecer en las funciones de seguridad pública en virtud del artículo quinto transitorio de la reforma constitucional; y la Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional de Uso de la Fuerza y Ley Nacional del Registro de Detenciones, adoptadas en 2019, que permiten la utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública.
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El documento subraya que esta tendencia se observa también en la procedencia de los componentes de la Guardia Nacional: de sus 101 mil 182 elementos, el 58 por ciento provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); el 26 por ciento de la extinta Policía Federal y el 16 por ciento de la Secretaría de Marina (Semar).
El Comité de la ONU se manifestó preocupado por el enfoque militarizado de la seguridad pública en México, ante el riesgo que esto implica en materia de derechos humanos.
“Según la información oficial, entre 2007 y 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un total de 162 recomendaciones a la Sedena y la Semar por violaciones graves a los derechos humanos, 15 de ellas relacionadas con casos de desaparición forzada. Asimismo, en 2021, Sedena y la Guardia Nacional se encontraban entre las diez autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos registrados por la CNDH, y Sedena y la Semar se encontraban entre las 5 autoridades federales con mayor número de recomendaciones en trámite”.
El informe advierte además que la permanente participación de las Fuerzas Armadas, establecida en la reforma constitucional del 11 de mayo de 2021, a pesar de presentarse como “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, permite poner en duda su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana.
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