México cerrará 2022 con una crisis de desaparecidos que alcanza un acumulado de 108 mil personas de las que se desconoce su paradero desde hace décadas. Existen, además, 52 mil personas fallecidas sin identificar, así como el registro de al menos 4 mil fosas clandestinas.
El pasado 2 de diciembre, EL UNIVERSAL informó que a pesar de ser un compromiso con los familiares de las víctimas de desaparición en México, no se ha publicado el Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Tampoco se tiene información sobre si ya se han creado o publicado instrumentos como el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Comunes y el Registro de Personas Fallecidas No Identificadas e Identificadas No Reclamadas, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), pese a ser una obligación legal.
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Para la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB, Karla Quintana Osuna, la desaparición de personas en México está ligada con la impunidad en 99% de los casos.
La funcionaria reconoce que hay un acumulado de 108 mil casos de desaparición desde 1964, pero que este delito tuvo un incremento sustancial en el año 2007; es decir, con el inicio de la llamada guerra contra el narco, situación que la comisión a su cargo busca revertir a través de la creación de instituciones como el nuevo Centro Nacional de Búsqueda, la existencia de protocolos nacionales, así como la coordinación entre las autoridades federales y estatales ante esta crisis que vive el país.
Asegura que existe coordinación entre las dependencias del Estado mexicano encargadas del tema de las desapariciones, así como con las fiscalías y centros forenses estatales para trabajar, no sólo en la localización de las 108 mil personas desaparecidas, sino también para lograr la identificación de 52 mil cuerpos.
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En entrevista con EL UNIVERSAL, señala que la búsqueda de personas en México, como lo dice el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, luego de su visita y recomendaciones a nuestro país hace un año, “es el crimen perfecto porque en más de 99% de los casos existe impunidad. Entonces, si no hay justicia, si no avanzan los procesos de justicia, de investigación”, no se podrá avanzar de manera más eficaz.
Reconoce la crisis que se vive en el país en este tema, pero también los avances que se han logrado con la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, ubicado en Xochitepec, Morelos, así como los trabajos que se realizan en centros similares en Coahuila y Jalisco.
Sin embargo, como lo publicó este diario, Karla Quintana refiere que aún no concluye el Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual está en la etapa final de revisión y se espera que la próxima semana sea avalado para que el área jurídica de la Secretaría de Gobernación lo revise y a finales de diciembre o en enero esté listo para su publicación.
Sin embargo, sostiene que a pesar de ello, existe coordinación por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y que diariamente se trabaja con las fiscalías estatales, se realizan búsquedas en fosas clandestinas, en fosas comunes de panteones, siempre en conjunto con las organizaciones de madres buscadoras en varios estados del país.
“El Programa Nacional de Búsqueda es un instrumento de política pública que tiene que ser implementado de manera transexenal para poder tener mejores indicadores de medición del cumplimiento de las obligaciones previstas en las diferentes leyes y protocolos de las autoridades que estamos obligadas a implementar, a garantizar el derecho a ser buscado”, indica.
Karla Quintana expone que a la par de dicho programa desde 2019, y luego de reuniones con familiares de personas desaparecidas, se empezó a construir la normativa de la búsqueda de personas desaparecidas, como es el protocolo homologado de búsqueda personas y “en 2021 construimos el protocolo de búsqueda de niños niñas y adolescentes”.
Asimismo, explica que muchas personas que buscan a sus familiares no los reportan por diversas razones como desconfianza en las autoridades o por miedo, pero con la toma de muestras de sangre o saliva a familiares, que realiza la comisión sin necesidad de que exista una denuncia formal, se busca saber cuál es el número real de desaparecidos.
Sin registro de fosas ni de personas no identificadas
La comisionada nacional de Búsqueda afirma que la creación del Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Comunes corresponde a la FGR y que “a la fecha no lo ha hecho público. No sabemos en qué situación está; sin embargo, desde la comisión llevamos un registro interno de la información que vamos requiriendo diversas instituciones y es lo que hemos hecho público. Si no me equivoco, son más de 4 mil fosas de 2007 a la fecha.
“De fosas comunes tendríamos que saber cuántas hay, cuántos cuerpos hay en cada una. Eso le corresponde también a la Fiscalía General de la República. Nosotros hemos iniciado un registro de fosas comunes y ya llevamos 15 panteones en donde hemos revisado los libros para saber cuántas personas no identificadas hay, pero también hay un alto porcentaje de personas identificadas, pero no reclamadas”, apunta.
Igualmente, añade Quintana, existe la obligación de contar con un Registro de Personas Fallecidas No Identificadas e Identificadas No Reclamadas.
“También le corresponde a la FGR y hasta donde sabemos todavía no se está haciendo o al menos no es público. Lo mismo que la Base de Datos Forenses, que también le corresponde a la FGR, que tendría que juntar la información de todo el país para poder tener mayores posibilidades de localizar a alguien”, indica.
Expone que todos estos instrumentos y que la propia ley en la materia establecen las obligaciones de las instituciones del Estado mexicano para garantizar el derecho de toda persona a ser buscada y aclara que la coordinación entre las dependencias no depende del Programa Nacional de Búsqueda.
“Nosotros hemos tenido más de 3 mil 431 jornadas de búsqueda hasta el 24 de noviembre. Esto lo hacemos en coordinación y colaboración con distintas autoridades. Más de 50% lo hacemos con fiscalías locales, el otro 23% con la Fiscalía General de la República. Todas las acciones de búsqueda van acompañadas de seguridad, lo mismo la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, policías estatales y municipales, así como, en ocasiones, Protección Civil”, explica.
Detalla que personal de la comisión que encabeza realiza jornadas constantes de búsqueda, en entre cinco y 10 lugares a la semana, ello en coordinación con las comisiones estatales a las que se ha apoyado de 2019 a 2022 con mil 800 millones de pesos en subsidios para fortalecerlas.
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