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La pandemia por Covid-19 y las medidas de sana distancia no frenaron la desaparición forzada de personas a manos de grupos delictivos. Según cifras oficiales, entre marzo y julio las autoridades recibieron el reporte de mil 493 personas desaparecidas y no localizadas.
De éstas, mil 399 se reportaron como desaparecidas, es decir, hay indicios de que su ausencia está asociada a la comisión de un delito, mientras que 94 únicamente fueron catalogadas como no localizadas, lo que quiere decir que no hay pruebas para suponer que fueron víctimas de un ilícito.
Aunque este delito ocurrió con todo y el coronavirus, la cifra sí es menor a la registrada entre marzo y julio de 2019, cuando hubo 3 mil 173 personas desaparecidas y no localizadas. En lo que sí coinciden ambos periodos es en que más de 90% de la ausencia de personas está relacionada con un crimen.
Fue en el mes de marzo cuando el coronavirus se comenzó a multiplicar en el país y las autoridades aplicaron medidas restrictivas como permanecer en casa para evitar contagios; sin embargo, especialistas consultados señalaron que “el crimen organizado no descansó durante la cuarentena”, lo cual podría explicar la continuidad de este flagelo.
Jalisco es donde más incidentes han ocurrido, con un total de 340, seguido por la Ciudad de México, con 143; Tamaulipas, con 129; Nuevo León, con 128; el Estado de México, con 99; Guerrero, con 80; Colima, con 72; Morelos, con 58; Sinaloa, con 53; y Sonora, con 52.
Las cifras de la CNB arrojan que, en promedio, han desaparecido 10 personas al día desde que el Covid-19 aterrizó en suelo mexicano.
De igual forma se indica que los hombres de entre 25 y 29 años han sido los más afectados por este ilícito, mientras que en las mujeres el rango de edad con más incidentes es el de 15 a 19 años.
Para realizar este trabajo, EL UNIVERSAL consultó el registro nacional que se actualiza en tiempo real, ayer a las 17:00 horas. Esta herramienta fue presentada hace dos semanas por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, y es nutrida por autoridades estatales y federales.
Falta de atención al problema
Expertas en la materia coincidieron que durante la pandemia las instituciones procuradoras de justicia no trazaron un plan para prevenir e investigar las desapariciones, ni la búsqueda de personas.
Grace Mahogany, integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, enumeró algunos de los factores por los cuales este crimen se comete aun con el Covid-19: la delincuencia organizada no se confinó, gente con actividades esenciales siguió en las calles, disminución de agentes de investigación y las policías se han dedicado a evitar que la población se aglomere en ciertos lugares.
“No había una estrategia para combatir eficazmente desde antes del Covid-19, pero ahora parece que le dejaron la puerta abierta a los delincuentes, este ha sido el mejor momento para que cometan sus fechorías”, señaló Mahogany.
De igual forma, dejó ver su preocupación por la posibilidad de que las bandas delictivas se fortalezcan, luego de disfrutar un periodo donde las autoridades no tuvieron la misma capacidad para investigar sus crímenes.
“Entre el poder de fuego y el económico de los grupos delincuenciales, además de la corrupción de las autoridades, puede que retrocedamos en lo poco que se había avanzado”, refirió.
Noticias
Durante este año, noticias sobre desapariciones de jóvenes, mujeres y niños han cimbrado a México. El último caso que cobró reconocimiento nacional es el de Dylan, un pequeño de dos años secuestrado en San Cristóbal de las Casas.
Otro suceso que llamó la atención, aunque al final sí se localizó a los afectados, es el de los manifestantes de Guadalajara, Jalisco, por el caso Giovanni López. Organizaciones sociales denunciaron el 6 de junio que se desconocía el paradero de jóvenes que un día antes habían sido detenidos en medio de una protesta.
Sobre las desapariciones en Jalisco, lugar donde más han ocurrido en la pandemia, Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), acusa que la atención de las autoridades al problema disminuyó.
“En cuanto a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, desde antes del coronavirus no contaba con la accesibilidad y un trato adecuado hacia las familias, esta situación se ha recrudecido y empeorado en la contingencia, tampoco se aperturan inmediatamente las investigaciones y aún prevalece la espera de 72 horas [para iniciar la búsqueda]”, aseveró.
En contraste con la desatención de las autoridades, algunos colectivos siguieron con la búsqueda de sus seres queridos, con el riesgo de contagiarse de Covid-19.
Con cubrebocas, lentes y caretas las madres de víctimas continuaron su labor desde marzo y fue hasta finales de junio cuando la CNB y la Secretaría de Salud (Ssa) emitieron unos lineamientos especiales para que las autoridades y las familias sigan con el trabajo con ciertas restricciones sanitarias.
Junto a la emisión de los lineamientos, la Comisión Nacional de Búsqueda también entregó 341 millones de pesos a las comisiones estatales de búsqueda de 24 estados de la República, y estas instituciones podrían recibir más recursos cuando acrediten haber gastado 60% de lo recibido.
