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Hasta la fecha, suman 61 mil 637 personas desaparecidas en México, de las cuales 5 mil 184 se registraron el último año, entre ellas mil 177 mujeres, reportó ayer la Secretaría de Gobernación (Segob).
Al menos 60 mil 53 casos hubo entre 2006 y 2019, el resto (mil 584) ocurrió en años anteriores, principalmente en Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, Puebla, Guerrero y Veracruz, reveló la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana.
Explicó que de los años 60 hasta el 31 de diciembre de 2019, han sido reportadas como desaparecidas 147 mil 33 personas, de las cuales 58% (85 mil 396) ya fueron localizadas: 94% con vida y 6% muertas.
“Al día de hoy, el dato oficial del Estado sobre personas que aún se encuentran desaparecidas es de 61 mil 637”, detalló.
Durante la presentación del informe sobre Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, Quintana informó que 74% de los desaparecidos son hombres y 25.7%, mujeres. Los años con el mayor número de casos son 2017 (7 mil 595), 2018 (5 mil 976) y 2016 (5 mil 537).
“Son datos del horror que tienen detrás muchas historias y narrativas de dolor de familias tanto en México como en migrantes”, refirió.
Afirmó que de las 61 mil personas desaparecidas actualmente, 15 mil 835 son mujeres, quienes han sido reportadas en el Estado de México, Tamaulipas, Puebla, Jalisco y Nuevo León.
“De las mujeres localizadas tenemos un total de 46 mil 682. Los estados con el mayor índice de localización son Estado de México, Guanajuato, Yucatán, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas”, añadió.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Alejandro Encinas, precisó que al cierre del año pasado se registraron 9 mil 164 denuncias por desaparición, de las cuales 5 mil 184 siguen sin aparecer, entre ellas mil 177 mujeres.
Refirió que de los mil 124 cuerpos encontrados en 873 fosas clandestinas, en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 395 han sido identificados y 243 fueron entregados a sus familiares.
Sinaloa, Colima, Veracruz, Sonora y Jalisco son las entidades que registran el mayor número de fosas clandestinas en los 13 meses que lleva la administración federal, señaló Encinas Rodríguez.
Indicó que del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, se han realizado labores de búsqueda en 519 sitios diferentes prácticamente en la totalidad de las entidades federativas.
“Se está localizando, se está concentrando fundamentalmente el tema de ubicación de fosas clandestinas y cuerpos exhumados, en alrededor de 16 entidades federativas que deben tener una atención especial en las políticas que hemos venido impulsando”, comentó Encinas Rodríguez.
Subrayó que todavía falta precisar la información de algunas fiscalías locales, lo cual va a implicar que se vayan realizando ajustes puntuales a los indicadores que presentó.
Aceptan comité de la ONU
Encinas informó que México aceptará la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Dijo que ya se tiene comunicaicón con esta instancia y que se girará la invitación para que el organismo visite el país este mismo año.
Lo anterior, toda vez que el reconocimiento de la competencia del referido comité para casos individuales es un sentido y añejo reclamo de las organizaciones y colectivos integrado por familiares de las víctimas en el país, expuso.
Entre ellas, el reclamo de María Herrera Magdaleno y Juan Carlos Trujillo Herrera, madre y hermano de los desaparecidos Raúl, Salvador, Luis Armando y Gustavo Trujillo Herrera, quienes recurrieron al sistema judicial para obligar al Estado a que reconozca la competencia del comité en casos específicos como el de ellos.
Con la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, en 2010, México omitió reconocer el Artículo 31, que fue rechazado en 2018 durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
El 6 de febrero, la Cancillería presentó un recurso de revisión contra la resolución del juez tercero de Distrito en Materia Administrativa en la capital, en la que ordenaba a la dependencia a definir en 60 días naturales la aceptación de la competencia sobre casos individuales del referido Comité de la ONU.
***Con información de Notimex
