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El pasado 9 de octubre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió entregar al Senado de la República las listas de plazas de jueces y magistrados disponibles para la elección judicial, a pesar de que existían suspensiones judiciales que le ordenaban no hacerlo.
Especialistas consultados por EL UNIVERSAL coinciden en que la medida representa un mal precedente y abona a la incertidumbre jurídica que ya ha ocasionado la reforma judicial. No obstante, señalan que las suspensiones que trataron de detener a la Judicatura son, por lo menos, cuestionables. El escenario se perfila para que la Suprema Corte tenga la última palabra.
Ven un mensaje peligroso
“Me parece una señal terrible que el propio órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la ley en el Poder Judicial justamente no acate una resolución judicial (...) Me preocupa que nos lleve a una situación en que las autoridades decidan arbitrariamente cuando sí y cuando no cumplir con la ley”, advierte Javier Martín Reyes, abogado y politólogo especialista en derecho electoral y constitucional.
El Consejo de la Judicatura Federal es, todavía, el órgano encargado de vigilar el buen funcionamiento de los tribunales y juzgados federales. En estos últimos fue donde se dictaron las suspensiones que ordenaron no enviar la lista de vacantes al Senado, un paso previo a la publicación de la convocatoria para las elecciones de jueces y magistrados.
La Judicatura decidió no acatar las resoluciones tras una votación dividida, lo que le valió fuertes críticas y un choque con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).
“Veo un mal precedente donde el Consejo de la Judicatura, de manera colegiada, claramente ya no está velando por la institucionalidad y la protección de las personas a las que organiza y disciplina”, señala Tito Garza Onofre, investigador y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Para el investigador, la decisión de los consejeros abona a construir un antecedente peligroso donde no sólo está riesgo el incumplimiento de leyes, sino de sentencias y suspensiones.
La Ministra Norma Piña, así como el consejero José Alfonso Montalvo Martínez y la consejera Lilia Mónica López Benítez, votaron en contra de enviar la lista a la Cámara Alta, mientras que los consejeros Bernardo Bátiz, Sergio Javier Molina Martínez y las consejeras Celia Maya y Eva Verónica De Gyvés Zárate se pronunciaron a favor.
“El mensaje que se manda es brutal. Se trata de un ataque sin precedentes a la independencia judicial… avalado por un propio órgano del Poder Judicial”, asevera Martín Reyes.
Garza Onofre señala que la decisión de la Judicatura, al representar un desacato, puede incurrir en un delito. “Y la única manera de hacerles cumplir sería a través de la fuerza pública… Pero precisamente la fuerza pública depende en estos momentos de las mismas mayorías que han decidido ignorar otras resoluciones judiciales”, explica.
La lluvia de amparos no ha podido frenar la reforma judicial
Las suspensiones que intentaron impedir la aprobación del envío de la lista de vacantes al Senado se agregan a la larga lista de resoluciones que han intentado echar atrás la reforma judicial desde que se discutía en el Congreso de la Unión.
La ola de juicios de amparo que desembocaron en estas suspensiones abrieron la interrogante de si los jueces de distrito están facultados para emitir una suspensión que afecte las decisiones de la Judicatura. Al respecto, Melissa Ayala, abogada especializada en Derechos Humanos, prefiere ser cauta.
“No puedo dar un sí o un no tajante a esa pregunta. Sin embargo, independientemente de si esas suspensiones procedían o no, quien tendría que haber decidido eso es un tribunal colegiado”, puntualiza.
“Si se dictaron de manera correcta o no, es discutible y cuestionable, pero cuando uno no está de acuerdo con una resolución judicial, como una suspensión provisional, hay vías legales para impugnar jurídicamente estas determinaciones, eso es lo que tenía que haber hecho el Consejo de la Judicatura”, asevera Javier Martín Reyes.
Por su parte, el abogado Luis Eliud Tapia Olivares, especialista en derecho penal, señala de manera tajante que los juicios de amparo son improcedentes contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. “No diría que los jueces (que emitieron las suspensiones) se extralimitaron con su decisión… pero sí pienso que su justificación no es lo suficientemente sólida, hablando estrictamente en términos legales”, asevera.
“Me parece un claro ejemplo de cómo el gremio jurídico no ha terminado de entender que no todo se resuelve a través de amparos. Creo que ante la incertidumbre y desesperación de las personas juzgadoras se presentaron estas demandas de amparo que considero precipitadas”, detalla Melissa Ayala.
Para Eliud Tapia Olivares, se encuentra en juego la propia imagen de las personas que integran el Poder Judicial ante la sociedad, las cuales han sido señaladas de un conflicto de interés por intentar “ser juez y parte” al tratar de resolver sobre una reforma que directamente les afecta.
“No es posible quitar de en medio el conflicto de interés, que existe no por algo que ellos (los jueces) provocaron, sino que lo ocasionó la reforma. Frente a eso, tienen que ser todavía mucho más cuidadosos en la argumentación y sus decisiones, porque ya pesa sobre ellos la acusación de que van a ser parciales”, indica el especialista.
Para el abogado es deseable que los jueces tomen en cuenta el contexto político que atraviesa el avance la reforma judicial. “Cuando emitan resoluciones, deben tener buenas razones justificadas; no ante a los abogados, sino frente al público y la ciudadanía y que cualquiera pueda entender sus decisiones, porque al final éstas son para las personas, no para los abogados”, sostiene.
La última palabra queda en la Suprema Corte
A pesar del desacato de la Judicatura, la reforma judicial no tiene el camino totalmente libre para consumarse. Gobiernos locales, como el de Guanajuato, y partidos políticos como el PAN, han impugnado la reforma judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los recursos judiciales siguen a la orden del día.
“Hay un número incontable de amparos, juicios, electorales, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y consultas judiciales que siguen en trámite”, detalla Javier Martín Reyes.
Actualmente, la Corte turnó al ministro Alberto Pérez Dayán la controversia en la que determinará si la reforma judicial viola o no la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF). En las manos del ministro queda la decisión de conceder una suspensión para frenar la elección de jueces en el Poder Judicial, mientras que el máximo tribunal emite una sentencia.
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“Va a ser una sentencia crucial y justo una de las vías jurídicas para llamar la atención sobre los grandes vicios de esta reforma. Sin embargo… parece que conforme lo que hemos visto en los últimos días, lo jurídico no basta. Yo no sé si la Presidenta (Sheinbaum) de verdad va a asumir el costo político de desacatar una sentencia de la Suprema Corte”, cuestiona Tito Garza Onofre.
En contraste, Eliud Tapia Olivares considera que la reforma constitucional se implementará de cualquier manera ante la fuerza política con la que cuenta el régimen actual. “La reforma judicial no se va a resolver con una suspensión; viene una aplanadora y uno no puede pararla con una pistola de agua”.
“(Respecto a las resoluciones de la Suprema Corte) mi preocupación principal es que se tiene que enviar el mensaje de que sí es posible revisar reformas constitucionales. Creo que es peligroso para una democracia decir que el poder reformador de la Constitución tiene la posibilidad de hacer lo que quiera y que la única manera de controlarlo es con otra reforma”, explica.
Para el abogado, la mejor salida jurídica y política sería que la Corte resolviera que sí cuenta con la facultad de revisar reformas constitucionales, aunque no necesariamente en el caso de la reforma judicial. Así se sentaría un precedente conciliador para no debilitar más al Poder Judicial hacia al futuro.
La reforma judicial ocasionó un fuerte rechazo que se manifestó en paros y movilizaciones. Al respecto, Melissa Ayala agrega: “Me parece que ya tenemos que empezar a pensar cómo vamos a transitar a una época 'post-reforma'. Yo espero que se resuelvan lo más pronto posible las acciones de inconstitucionalidad y las controversias porque ya necesitamos que funcione el Poder Judicial”.
