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CDMX.- Los derechos humanos no pueden interpretarse a la luz de intereses políticos o ideológicos pues constituyen la mejor protección contra cualquier tentación autoritaria , indicó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , Luis Raúl González Pérez .
Durante la presentación de su informe de labores 2018 ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) el ombudsperson nacional afirmó que la existencia de violaciones a los derechos humanos no es negociable y que la responsabilidad en el ejercicio de la función de los jueces no admiten condicionamientos o sesgo alguno más allá de la interpretación de los hechos planteados y probados en los expedientes que conocen y de la debida aplicación de las normas .
“El Poder Judicial de la Federación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como partes integrantes del sistema institucional y democrático de pesos y contrapesos previsto por la Constitución, son la mejor garantía que tiene la sociedad mexicana de que la verdad y la justicia son posibles y accesibles para cualquier persona.
“En México no puede haber poderes absolutos. Las autoridades de los distintos órdenes y niveles de gobierno, así como los poderes públicos, con independencia de filiaciones o intereses políticos, deben sujetar sus actos a lo previsto en la Constitución y en sus leyes, correspondiendo al Poder Judicial la responsabilidad de que la ley se aplique y prevalezca, y a los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, el que tales derechos se respeten y sus transgresiones sean evidenciadas y denunciadas”, dijo.
Agregó que nadie puede oponerse a que se revisen las estructuras del poder, que se invetigue y se sancione la corrupción, se abata la impunidad y los recursos públicos se ejerzan mejor, pero que esto, no puede implicar la vulneración de derechos.
“Durante 2018, México no superó la crisis que enfrenta desde hace años en materia de derechos humanos, que se acentuó en varios aspectos ante la falta de respuestas efectivas a problemas graves como inseguridad, impunidad, miles de personas desaparecidas, tortura, desplazamiento forzado interno, abusos a migrantes, fosas clandestinas e irregulares, violencia de género, trata de personas, falta de acceso real y efectivo a la justicia y debilidad del Estado de derecho”, afirmó.
González Pérez enfatizó en que las autoridades que no aceptan las recomendaciones emitidas por la CNDH o no atienden los puntos recomendatorios de las mismas, contribuyen a la existencia de impunidad, arbitrariedad y abuso de poder.
“No hay programa de gobierno o política económica cuyo cumplimiento o aplicación pueda excusar la vulneración de derechos humanos o el debilitamiento de la institucionalidad democrática para promover o preservar decisiones autoritarias”, indicó.
