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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 63/2020 a autoridades del Estado de México por el desalojo y las detenciones cometidas contra un colectivo feminista el pasado 10 de septiembre, mientras se llevaba a cabo una manifestación en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
La CNDH acreditó que la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia local vulneró los derechos de las manifestantes, quienes acudieron a la CODHEM para intentar tomar su edificio como lo hicieron otras mujeres en la Ciudad de México en un inmueble de la comisión nacional.
“Este organismo autónomo acreditó violaciones a los derechos humanos de libertad de reunión y al trato digno e integridad personal, atribuibles a elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en agravio de integrantes del Colectivo Ehécatl, en defensa de los derechos de las mujeres y Fundación Iris”, señaló la CNDH en su Recomendación.
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Agregó que, luego de una investigación, no se encontraron indicios de que la policía haya buscado canales de diálogo para atender las peticiones de las activistas, sino que “llegada la noche obstaculizaron la libertad de reunión de las víctimas que permanecían en el interior de la CODHEM. Además, violentaron su derecho al trato digno e integridad personal al ser desalojadas de dicho recinto con uso excesivo de la fuerza, propinándoles alteraciones en su salud para someterlas”.
El organismo nacional aseveró que la forma de actuar de la policía del Estado de México no tuvo un enfoque diferenciado de perspectiva de género, y tampoco se procuró el interés superior de la niñez porque había menores de edad en el inmueble donde se realizó el desalojo y las detenciones.
Asimismo, la CNDH acusó que personal de la CODHEM omitió proteger y garantizar los derechos de las manifestantes que se encontraban en sus instalaciones, al abandonarlas.
Por ese motivo la CNDH recomendó al titular de la CODHEM, Jorge Olvera García, y al fiscal del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, colaborar con la denuncia que se va a interponer en contra de quienes agredieron a las manifestantes.
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