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El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara Baja presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La acusación es por presunto tráfico de influencias en la asignación de contratos para una empresa de su propiedad por parte de Pemex.
El PRD recordó que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, S.A. de C.V., de Felipa Obrador, participó en dos contratos con Pemex en la presente administración: el primero por un monto de 133 millones de pesos y el segundo por 231 millones.
Además de los contratos mencionados, añadió, la empresa de Felipa Obrador recibió convenios por adjudicación directa de otras dependencias como el Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuerto y Servicios Auxiliares, el IMSS y el ISSSTE, por diversos montos económicos.
Los diputados federales del PRD acusaron que aunque López Obrador intentó descalificar la información respecto a su prima, Pemex confirmó haber otorgado contratos a su familiar.
Frente a ello, el pasado 4 de diciembre se conoció que Pemex decidió rescindir los contratos en los que la empresa Litoral Laboratorios Industriales participe de manera directa o en conjunto con otras empresas.
En opinión del grupo parlamentario del sol azteca, “en este hecho se configuran los presuntos delitos de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias”.
En la denuncia se cita el artículo 220 del Código Penal Federal, el cual establece que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones el servidor público que ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficio económico al propio servidor, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor forme parte y que dicho delito será sancionado con entre dos años a 12 años de prisión y de ciento cincuenta días de multa.
De igual manera, el artículo 221 del Código Código Penal Federal establece que comete delito de tráfico de influencias el servidor público y el particular que indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución de otro que produzca beneficios económicos para sí o para relacionados con él.
En tal sentido, los diputados del PRD solicitaron a la FGR desahogar la investigación necesaria para la persecución de las conductas denunciadas.
