Washington.— Las empresas fabricantes de armamento de Estados Unidos acusadas por el gobierno mexicano de negligencia que facilita el tráfico ilegal de sus productos pidieron a una Corte de Boston que se desestime el caso.

Alegaron que ninguna promueve ni facilita el acceso del crimen organizado a las armas que fabrican, así como que México se equivocó en presentar la demanda. Ayer fue la fecha límite para que la decena de firmas, productoras de al menos 68% de las más de medio millón de armas que entran ilegalmente a México cada año, presentaran su postura en el caso, y todas coincidieron en la falta de concreción en las acusaciones mexicanas.

Cada fabricante de armas, así como el distribuidor Witmer, presentó su propio argumento ante la Corte: falta de jurisdicción y fundamento en el reclamo, según pudo comprobar EL UNIVERSAL tras revisar los documentos.

Entre otras justificaciones, se lee: “El demandante [el gobierno de México] hace reclamos vagos, demasiado amplios y que abarcan contra todos los demandados; es imposible determinar qué causas o acciones se dirigen realmente a Witmer”.

“La queja del demandante tiene más de 130 páginas e incluye más de 560 párrafos. Sin embargo, a pesar de toda esa verborrea, la demanda no proporciona afirmaciones fácticas que demuestren de manera plausible un derecho a cualquier reparación del demandante contra Barrett”, apuntó en su declaración la firma fabricante de rifles calibre .50 de alto poder.

“Es razonable suponer que el demandante incluiría alegatos fácticos para respaldar su reclamo (...) la única inferencia razonable es que el demandante no incluyó tales alegaciones porque no podía hacerlo sin entrar en conflicto con los requisitos de alegato”, respaldó Witmer. Barrett añadió: “La demanda (…) en marcado contraste, menciona repetidamente la conducta lesiva de ‘terceros no ante este tribunal’, es decir, los traficantes y contrabandistas independientes”.

El mismo razonamiento empleó Sturm, Ruger & Co., que vende más de 8 mil variaciones de armas en 40 líneas de producto, al criticar que “el gobierno mexicano se basa en una vaga cadena de eventos”.

La falta de concreción y pruebas de México es una de las quejas más reiterada: “No se hace referencia ni siquiera a una sola arma vendida en Massachusetts que luego fuera recuperada en la escena del crimen o en cualquier otro lugar de México”, se quejó Barrett.

Según los acusados, la Corte federal de Boston no es el lugar en el que se debería dirimir el caso: “Los contactos de Ruger con Massachusetts no están relacionados con las causas de acción del gobierno mexicano que alegan que Ruger es legalmente responsable del tráfico y uso criminal de armas”, añadió Sturm, Ruger and Co. “La demanda no contiene ninguna acusación de venta ilegal por parte de Glock o Witmer en Massachussets”, apuntó por su parte Glock.

“El gobierno mexicano ha presentado esta acción ante un juzgado de Distrito ubicado a más de 2 mil millas (3 mil 200 km) de distancia, por daños procesables que admite que ocurrieron íntegramente dentro de sus propias fronteras”, concluyó Glock.

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