Para intentar detener el tráfico ilícito de armas, el gobierno de México, con el respaldo del Congreso de la Unión, presentó ante un tribunal de Estados Unidos una demanda contra 11 fabricantes de armamento.
Se trata de una demanda civil de daños, en la cual la autoridad mexicana argumenta el daño que el tráfico ilícito de armas (adquiridas en la Unión Americana) ha generado en México, que, además de dejar miles de homicidios dolosos, se cuantifica en una afectación económica superior al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano.
Las empresas demandadas son: Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms, Inc.; Colt’s Manufacturing Company Llc; Glock, Inc.; Glock Ges.M.B.H.; Sturm, Ruger & Co., Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc., y D/B/A Interstate Arms.
La demanda se presentó en la Corte Federal de Distrito en Massachusetts, por ser el lugar en donde tienen matriz de negocios las firmas demandadas, algunas de las cuales son de origen europeo.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México busca un cese a la impunidad que se ha generado y mediante la cual grupos de la delincuencia organizada adquieren aquí el armamento. Se busca una compensación económica, dijo, la cual deberá fijarse durante el proceso judicial.
Acompañado por los presidentes de las Juntas de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, Ebrard Casaubon apostó a que la demanda, para la cual la autoridad mexicana contrató los servicios de dos despachos estadounidenses de abogados, será exitosa.
Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mencionó que con esta acción no se atenta en contra de la segunda enmienda constitucional de Estados Unidos, que otorga derecho a portar y comprar armas a la ciudadanía de aquel país, toda vez que la demanda se presenta por daños ocasionados en territorio mexicano, además de que la Suprema Corte de Estados Unidos fijó sentencia en la cual un gobierno o persona extranjera puede presentar demanda civil en contra de cualquier entidad en esa nación.
De acuerdo con la autoridad mexicana, cada año se trafican ilegalmente a México más de 500 mil armas provenientes de Estados Unidos, las cuales son utilizadas en contra de la población civil en territorio mexicano. En 2019, añadió, las armas ilícitas fueron utilizadas en más de 17 mil homicidios dolosos en México.
Marcelo Ebrard aclaró que no se trata de una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos, al cual le reconoció el esfuerzo que lleva a cabo para tratar de detener el tráfico ilegal de armas, por lo que descartó cualquier tipo de conflicto diplomático.
“Es indispensable. Si no hacemos una demanda de esta naturaleza y no la ganamos no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país”, declaró.
El canciller argumentó que los productores y distribuidores de armas en Estados Unidos saben lo que ocurre, pero se escudan en que cuando las armas salen en venta ellos ya no tienen responsabilidad. “Pero sí la tienen, y por supuesto que tienen información precisa de si alguien llega y compra cinco Barretts 50”, dijo.
Acusó que las compañías ya desarrollan, incluso, los diferentes modelos para el cargo, pero no dio más detalles.
