Desde hace tres décadas, la relación entre la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y las autoridades mexicanas ha atravesado por un camino tortuoso de desencuentros, que pasan por la desconfianza y la tensión, y que parecen solucionarse con acuerdos de colaboración institucional, pero en realidad han abierto la brecha entre ambos países.
Especialistas en la materia explicaron que los altibajos entre la DEA y el gobierno mexicano han existido siempre, pero el caso de tortura y homicidio del exagente Enrique "Kiki" Camarena, que ocurrió en 1985, enfatizó las diferencias en la colaboración en materia de seguridad.
El más reciente caso fue el del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos Zepeda, quien en octubre pasado fue detenido por autoridades estadounidenses en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Posteriormente fue presentado ante una Corte federal en Nueva York por acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico. El gobierno mexicano cabildeó con las autoridades de Estados Unidos el regreso del general y la entrega de las pruebas en su contra para investigarlo.
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El jueves la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que, luego de dos meses de investigación, decretó el no ejercicio de la acción penal a favor de Cienfuegos Zepeda pues, dijo, no halló pruebas en su contra.
Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó dar a conocer la investigación que Estados Unidos envió a México contra el general, misma que consta de más de 700 páginas de mensajes que supuestamente intercambiaron integrantes y capos del Cártel de los Beltrán Leyva, y en los que vinculaban al general Cienfuegos Zepeda en actividades delictivas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el especialista en seguridad Alejandro Hope señaló que históricamente la relación entre la DEA y el Ejército mexicano no ha sido muy buena, mientras que con la Marina sí hay más cohesión.
“La DEA nunca ha tenido muy buena relación con el Ejército, sí la ha tenido con la Marina (…) El Ejército siempre ha tenido cierto recelo en la colaboración con Estados Unidos porque es más naconalista, la Marina es más cosmopolita en ese sentido y ha sido menos reacia a tener relación con otras autoridades”.
“En lugar de utilizar el tratado de extradición o bien ofrecernos los datos, lo secuestraron y se lo llevaron a Estados Unidos, lo presentaron ante el juez de instrucción, lo tuvieron detenido tres años y para 1992 no pudieron armar el expediente completamente con el detenido en California.
“Nosotros empezamos en 91, cuando tomé posesión, a intervenir en lo que podría ser una coad- yuvancia y un amicus curiae en el juicio que se estaba ventilando ante la Corte por violación al tratado de extradición y por el secuestro que había efectuado la DEA”, detalló.
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En octubre de 1992 un agente ministerial mexicano descubrió que los testigos protegidos que la fiscalía de Estados Unidos tenía para incriminar a Álvarez cargaban un historial delictivo amplio y que cada uno recibía aproximadamente 5 mil dólares mensuales por parte de la DEA para su manutención en territorio estadounidense a cambio de información.
Con esto, el juez del asunto calificó de ilegales las pruebas y ordenó la inmediata liberación del doctor. Cada año, cuando se cumple un aniversario del homicidio del exagente, la DEA lo recuerda con una campaña antidrogas y reprocha públicamente al gobierno mexicano que Caro Quintero permanece prófugo, luego de que, por error judicial, fue liberado bajo el argumento de violaciones al debido proceso.
“Pareciera que el fantasma Kiki Camarena sigue presente en la relación bilateral en materia de cooperación antidrogas”, afirmó Morales Lechuga.
Hope consideró que la DEA permanece obsesionada con el caso Camarena pero enfatizó que la colaboración cotidiana entre México y Estados Unidos en materia antidrogas ha tenido épocas buenas y malas en estos años.
“Esto sí puede tener consecuencias a largo plazo, como que se interrumpa el intercambio de información durante un buen rato, que la asistencia jurídica mutua se vea, si no interrumpida, sí dificultada, que los casos que se están trabajando conjuntamente colapsen, como algunos que probablemente sean importantes para el gobierno de México, que haya una escalada de fricción en esto, es decir, que el tema de seguridad empiece a contaminar otras áreas de la relación, entonces no es un tema menor lo que sucedió.
“Este es el momento de mayor fricción entre el aparato de inteligencia de Estados Unidos en por lo menos 20 años y puede tener una consecuencia en términos diplomáticos, puede contaminar otras áreas de la relación también, no es trivial lo que se vivió en estos días (…) el problema fueron las formas y el momento ese sí va a tener consecuencias, cuáles, todavía no sabemos”, dijo.
Morales Lechuga coincidió en que fue desacertado publicar las pruebas de la DEA sin autorización del gobierno estadounidense: “La forma en que se aceleró el cierre del caso antes de la salida de Trump va a generar muchas dudas y más que ayudar al gobierno o al país y al propio general, tal vez establezcan más dudas.
“Hubo una precipitación en la investigación, debió haberse hecho una investigación más profunda que probablemente llegue a la misma decisión, pero con más evidencias”. Destacó que en el sexenio de Carlos Salinas, cuando él fue procurador, se tuvo que generar un nuevo protocolo de coordinación de México con las agencias extranjeras.
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“Estaban acostumbrados como ahora a tomar contacto con policías municipales, federales, estatales, el Ejército, la Marina y lo que dijimos fue: ‘No, el órgano competente para investigar y perseguir delitos es el Ministerio Público, entonces ustedes no pueden entrar en contacto con quien quieran, los delitos contra la salud son federales, en consecuencia ustedes tendrán que tener como interlocutor a la PGR’”.
Jorge Lara Rivera, exsubprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la extinta PGR, coincidió en que la relación entre la DEA y México siempre ha sido compleja y tensa.
“Es una relación compleja, con buenas épocas y con momentos difíciles, porque se está enfrentando a un fenómeno de altísima dificultad que es el crimen organizado transnacional, y las investigaciones de este tipo de grupos suponen el intercambio de información que muchas veces no fluye de manera óptima por falta de confianza o actos de corrupción”.
Lara Rivera explicó que aunque la DEA realiza su trabajo con desconfianza ante las instituciones mexicanas, el Departamento de Justicia estadounidense, del que forma parte esta agencia, debe prevenir que su oficina cometa abusos y excesos.
El especialista agregó que la información en materia de seguridad entre México y Estados Unidos fluye a diario, pero señaló que hay casos donde la comunicación sólo es entre grupos “autocontenidos”, muy pequeños, para evitar fugas de información.
“Esto se justifica cuando se trata de servidores públicos o perfiles que pudieran estar muy vinculados a casos de corrupción, en ese caso no puedes poner en sobreaviso a todo un esquema de gobierno, porque corres el riesgo de que un mal elemento pueda estropear toda una investigación que alomejor llevó años”, adujo.
Indicó que es necesario que México y Estados Unidos reparen sus diferencias en materia de seguridad, de lo contrario los grupos criminales aprovecharán la factura para seguir operando.
En cambio, para Daniel Francisco Cabeza de Vaca, extitular de la PGR, la relación entre México y la DEA “ha sido muy amplia, muy fructífera, no ajena a altibajos y algunos desencuentros, pero desde lo que nos tocó vivir en lo general siempre ha sido una relación de colaboración que ha dado frutos para nuestros dos países”.
Aunque consideró que esta relación ha dejado más saldos positivos, reconoció que la desconfianza de Estados Unidos hacia los funcionarios mexicanos ha generado baches en el intercambio.
“Es una desconfianza que ha nacido últimamente, en algunas épocas anteriores no se percibía tan manifiesta. Debe entenderse que los grupos delictivos están más avanzados muchas veces que nuestras propias autoridades mexicanas y estadounidenses en temas de inteligencia y contrainteligencia, tienen especialistas en desinformación y la capacidad de meter infiltrados a los policías.
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“La DEA siempre ha estado consciente de esto y se ha generado desconfianza”, señaló Cabeza de Vaca.
Por ese motivo, el especialista urgió que México y Estados Unidos trabajen en recuperar su confianza y combatan el narcotráfico no como un problema de un solo país, sino como regional.
“Se necesita una relación de confianza y de mayor integración, aspectos que tiendan a una integración no sólo de un intercambio de información, sino una verdadera investigación conjunta, una corporación unificada”, precisó.