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El diálogo entre poderes del Estado no se debe confundir nunca con la subordinación, reviró la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador revelara que intervino en el Poder Judicial durante la presidencia del ministro Arturo Zaldívar, quien a su vez respondió a los dichos del Ejecutivo federal asegurando que fue diálogo y no injerencia.
En la edición 19 del Congreso Nacional de Abogados de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la ministra presidenta dejó en claro que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los justiciables y no implica licencia para actuar fuera de la Constitución mexicana.
“Y como sociedad debemos tener muy claro que en una recta interpretación de nuestra Constitución, no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial federal frente a los otros poderes”, sentenció Piña Hernández.
Durante el panel El derecho en el México que viene, Norma Piña consideró que uno de los mayores desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas es preservar la división de poderes y asegurar la independencia judicial, que no debe ser trastocada.
Por ello, en compañía de los ministros Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales y la académica Ana Laura Magaloni, expuso que es indispensable promover la convicción de que es una garantía para el acceso a la justicia y requiere mecanismos robustos y previstos en el marco normativo e institucional.
“Nuestro objetivo debe ser lograr que este concepto sea entendido a cabalidad en función de sus efectos prácticos y reales en la vida de todas las personas. De otra manera, difícilmente surgirán incentivos para su preservación, para su defensa”, sostuvo la ministra.
La también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aseguró que la independencia judicial no es fortuita ni gratuita, ya que los mecanismos que la hacen posible deben desarrollarse a la par de esquemas de rendición de cuentas y de transparencia.
“Independencia y autonomía deben ser sinónimos de responsabilidad, por ello enfatizo: la independencia judicial no es arbitrariedad, no implica licencia alguna para actuar fuera de los estándares constitucionales y legales”, afirmó.
Advirtió que si como sociedad se permite que se trastoque o destruya, tarde o temprano se convertirá en una justicia que atienda a razones ajenas al derecho, lo que terminará afectando a los más vulnerables.
En este marco, la ministra recordó que el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reconoce la importancia de la división de poderes y la independencia judicial.
“Más de dos siglos después de la aprobación de este documento resulta necesario insistir en la importancia de este principio” porque, añadió, el reto es preservar la división de poderes y, en particular, la independencia de los jueces.
“Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes no tiene Constitución”, puntualizó.
En su intervención, el ministro Javier Laynez Potisek mencionó que es importante defender el equilibrio de poderes, la autonomía de las instituciones, porque no se quiere regresar al régimen de 70 años de hegemonía de un partido único que controlaba a los demás poderes.
Recordó que México ya vivió una etapa de un Poder Judicial sin autonomía y de un Congreso sometido, por lo que en este momento no es sólo repetir la importancia de contar con autoridades judiciales autónomas.
“Para mí es muy importante no olvidar qué pasó en nuestro país recientemente porque no es sólo que estemos repitiendo la importancia de la autonomía y la autonomía del Poder Judicial, sino que ya vivimos lo que es tener un Poder Judicial que no es autónomo, como un Congreso sometido.
“Y, creo, no queremos nadie repetir esa parte de la historia que nos costó 70 años en abandonar. Entonces, para mí es importante, como parte de la defensa de este constitucionalismo contemporáneo, no olvidar nunca eso, porque yo creo que nadie, al menos que, insisto, los que vivimos esa última parte no quisiéramos volver a vivir. Por eso es importantísimo defender a las instituciones autónomas, defender el equilibrio de poderes no como un lugar común, sino porque no queremos volver a algo que nos costó tantos años abandonar porque fue un gran esfuerzo y costó muchísimos años”, enfatizó.
El juzgador recordó que México inició una transformación en la década de los 90 luego de un régimen de 70 años de hegemonía y, en ese contexto, dijo, el Poder Judicial se reformó con las figuras jurídicas adecuadas para cumplir su rol de impartir justicia en el país.
“Hoy, después de 30 años de esa transformación, vemos lo que fue una buena reforma, lo que fue dotar al Poder Judicial de esa fortaleza y las figuras adecuadas para cumplir su rol. Creo que es importante cuando hablamos de autonomía porque hay que defenderla porque es importante que no olvidemos de dónde venimos y lo que no queremos en todo caso que se repita”, puntualizó Laynez Potisek.
En tanto, el ministro Luis María Aguilar Morales alertó que si se avanza en la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia perdería su facultad de hacer valer la Constitución.
“Me preocupa mucho que la Suprema Corte vaya a perder esa posibilidad constitucional de hacer valer la propia norma en contra de leyes que no son congruentes con ella”, comentó.
