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El equipo de defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, presentará este martes una queja formal ante al Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los actos del juez de Control que la sujetó a prisión preventiva.
De acuerdo con el abogado Julio Hernández Barros, la denuncia será presentada en las oficinas de la CIDH en Washington.
La queja señala al Estado mexicano como autoridad responsable, pues los abogados de la exfuncionaria consideran que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna mantiene a Robles Berlanga sujeta a una detención arbitraria.
El pasado 13 de agosto el juez Delgadillo Padierna vinculó a proceso a la también exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por ejercicio indebido del servicio público, y le impuso la medida de prisión preventiva justificada.
La defensa de Robles Berlanga también ha anunciado que impugnará el auto de vinculación a proceso emitido por el juez, debido a la omisión que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó al tener conocimiento, supuestamente, de diversas irregularidades en las contrataciones de Sedesol y Sedatu, y no hacer nada ni informar a su superior jerárquico, el expresidente Enrique Peña Nieto.
La FGR afirmó que las anomalías que Robles Berlanga supuestamente no evitó causaron un daño patrimonial por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
En la audiencia inicial y de vinculación a proceso, la defensa de Robles Berlanga afirmó que la exfuncionaria sí avisó al expresidente Peña Nieto de las irregularidades y que en el acta de entrega-recepción de Sedesol le señaló a su sucesor, José Antonio Meade Kuribreña, que existían observaciones pendientes de solventar realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las cuales se relacionan con las conductas que la FGR le imputó.
Por ello, el juez Jesús Delgadillo Padierna sugirió que la colusión del expresidente Enrique Peña Nieto y del sucesor de la extitular de Sedesol, José Antonio Meade, en los millonarios desvíos de la dependencia, debe ser investigada.
Emplazó a la defensa de Robles Berlanga para que entregue copia certificada o notariada para que el Ministerio Público de la Federación determine si investigará a Meade Kuribreña por no cumplir con su obligación como titular de Sedesol con relación a los desvíos observados por la ASF.
El juez Delgadillo Padierna impuso a Robles Berlanga la prisión preventiva justificada porque consideró que representa un riesgo de fuga, ya que no acreditó tener arraigo en la Ciudad de México, porque, señaló, la exfuncionaria falseó los datos relacionados con su domicilio y actualmente está desempleada, por lo que no existe certeza de que habite en la capital del país y de que comparezca cuantas veces sea requerida.
