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El decreto presidencial que prohíbe la comercialización y circulación de vapeadores y cigarros electrónicos es un golpe desmedido contra una industria que atiende a un sector de la población que demanda esos productos, señalaron vendedores de esos artículos en tiendas establecidas en la Ciudad de México, quienes advirtieron que lo único que provocará la medida es el crecimiento del mercado negro.
En un recorrido de EL UNIVERSAL por establecimientos, los encargados se manifestaron en contra de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador y pidieron que, en lugar de buscar algo imposible, como es la desaparición del comercio, se le regule. Y ante lo que consideraron una persecución del gobierno, adelantaron que podrían solicitar el amparo judicial.
Acusaron que desde hace algunos meses se inició una persecución por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo que ha orillado a los comerciantes establecidos a sacar del mercado vapeadores y cigarrillos electrónicos o enfrentarse a multas de hasta 500 mil pesos, como el caso de Aldo Martínez, quien tiene su negocio en la colonia Roma.
Dijo que ante esa persecusión, dejó la venta de vapeadores para dedicarse a la “parafernalia del fumador” y vender productos básicos como pipas.
“[El decreto] me parece una medida totalmente desmedida, vaya, la información en la que se basa el gobierno federal es incompleta, muchas veces es falsa, como el tema de la vitamina E.
“Los vapeadores no contienen vitamina E, el famoso acetato. Y básicamente es política de Estado, es una persecución política, porque si quisieran realmente combatir y asegurar o garantizar la protección a la salud, harían otras medidas. ¿El tabaco por qué sí, el vapeo por qué no? Yo creo que es algo irracional”, ahondó.
Advirtió que un efecto inmediato del decreto suscrito por el Presidente es que todo el comercio se orientara hacia el mercado negro, lo que sí podría representar un riesgo mayor a la salud de los consumidores.
“En este negocio antes vendía vaporizadores, y derivado de muchas visitas de persecución, de verificación de Cofepris, decidí no venderlos, porque las multas son altas. Entonces, un local establecido como este no soportaría multas de 100 mil, 200 mil, de hasta 500 mil pesos, entonces el mercado negro va a tener un auge grande, porque a ellos ¿cómo los van a perseguir?, ¿cómo los van a multar?, y no creo que exista esa intención de extinguir el mercado negro en México, que es enorme”, apuntó.
“Acá un tema sensible, y es cierto, es el de los adolescentes, pero por qué no regularlo, por qué no hacer políticas que sirvan y que tengan un efecto real para toda la sociedad y no por un decreto de un Presidente que tiene una línea política.
“En vez de abrir, en vez de generar, en vez de traer inversión, se corta, entonces es un tema de salud, pero el interés [del gobierno] no es asegurar la salud de los mexicanos”, reprochó.
Por su parte, Diego, encargado de una tienda de vapeadores en la colonia Condesa, calificó de preocupante el decreto presidencial, porque es arbitrario y deja en la indefensión a muchas familias que viven de este comercio y a los consumidores.
Señaló que está de acuerdo en que se apliquen multas cuando se carece de facturas de los productos que se ponen a la venta, pero denunció que la cosa no es pareja, porque los vapeadores de venden “en todos lados”.
“Pero nosotros generamos empleos, vendemos productos de calidad aprobados por la FDA, al contrario de lo que dice el Presidente”, sostuvo.
Dejó entrever que una medida que podrían tomar los comercios afectados es acudir al amparo contra el decreto presidencial, pero por lo pronto dejará de vender los cigarros electrónicos y vapeadores.
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