Como un franco desacato al Poder Judicial y un desafío al orden constitucional del país, consideraron legisladores de oposición, juristas y colegios de abogados el nuevo decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca blindar obras insignia de su administración de cualquier acción de transparencia.
Asimismo, opinaron que la nueva acción presidencial abre la ruta a la arbitrariedad y a la justicia por propia mano.
El diputado Jorge Triana (PAN) señaló que el nuevo decreto del presidente López Obrador también es inconstitucional, al igual que el que recientemente fue invalidado por la SCJN y representa un desacato a la sentencia que emitió.
“En cualquier democracia moderna eso se llama desacato. Un desafío al orden constitucional”, afirmó el legislador. Añadió que “nos gobierna un niño berrinchudo, una vergüenza”, en referencia al Titular del Ejecutivo.
Juan Zepeda, senador por Movimiento Ciudadano, comentó que el nuevo decretazo “evidentemente se emitió con total dolo, porque ya se sabía que la Corte echaría abajo el decreto anterior” y para no caer en desacato se manda inmediatamente uno nuevo que busca encubrir la corrupción en estas obras faraónicas”.
Calificó de una burla el decretazo, pero también muy grave el mensaje implícito que conlleva que además de firmarlo el Presidente, también lo hagan los secretarios de la Defensa y de la Marina. “Es un mensaje muy preocupante que Andrés Manuel López Obrador, flanqueado por los titulares de las Fuerzas Armadas, firmen este documento”.
A su vez, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, dijo que más allá de los calificativos a esta “estrategia jurídica” desde Palacio Nacional, lo importante es conocer la ruta para echar abajo el decretazo, porque el pleno del Inai se encuentra incompleto y, “por ende, las únicas instancias que pueden presentar una controversia es la CNDH y el presidente de la Cámara de Diputados”.
Recordó que ante la falta de voluntad del oficialismo para nombrar a los tres comisionados del Inai, la única vía posible es que con fundamento en el artículo 105 (fracción I, inciso c), sea el presidente de la Cámara de Diputados quien la presente.
Por su parte, el diputado Mario Rodríguez Carrillo (MC) señaló que con este segundo decreto, el presidente López Obrador demuestra ignorancia, y es un reto flagrante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Pretenden ocultar información para no decir a quién adjudican, cómo lo están adjudicando, cuánto dinero. Y ello, apelan- do a reservar por un asunto de seguridad nacional, en una confusión de lo que debe de ser un asunto de zona, no de obra pública”, expuso.
Damián Zepeda, senador del PAN, indicó que se trata de un nuevo “berrinche del Presidente y la ratificación de su desprecio hacia la división de poderes, la SCJN y la Constitución”.
Consideró que el Presidente una vez más muestra que “su interés de desaparecer el Inai es eliminar la transparencia. Eso sólo lo lleva a cabo aquel que tenga interés de evitar que se dé a conocer la información de actos de corrupción y mal utilización de los recursos públicos”.
En contraparte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que el llamado decretazo presidencial signifique un desacato. “No hay ningún desacato, porque se acata la invalidez de un decreto. Pero se emite uno nuevo, que contiene más elementos y lo convierte en un acto bajo el principio de legalidad del Presidente”, apuntó.
El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) refirió que “es falso que se esté reiterando el decreto anterior, porque ese era muy general, punto señalado por los ministros de la Suprema Corte, por eso el nuevo es preciso”.
Para el analista jurídico Julio Jiménez, la nueva maniobra gubernamental es inconstitucional, porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el derecho constitucional de acceso a la información pública.
“Esta nueva estrategia jurídica del gobierno de López Obrador en contra de la Suprema Corte de Justicia es una abierta declaratoria de guerra no sólo en contra del Poder Judicial de la Federación, sino también en contra del marco jurídico-constitucional que garantizan la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho humano de acceso a la información pública”, indicó.
El Colegio de Abogados de México condenó el desconocimiento del Ejecutivo a una sentencia del Poder Judicial y lo consideró como un acto que “burla” la decisión de la Corte. “El desconocimiento de las decisiones judiciales, abre el camino a la arbitrariedad”.