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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) declaró desierta la licitación para la compra de docenas de armas de alto poder, en la que participaban dos de las empresas fabricantes de Estados Unidos que fueron demandadas por el gobierno federal, a las que acusa de prácticas “negligentes”, que facilitan el contrabando de sus armas a México.
En el fallo de la licitación LA-007000999-E192-2022, se indica que ninguna de las cuatro empresas que buscaban adjudicarse el contrato cumplieron técnicamente con lo requerido en la convocatoria.
“No cumplen técnicamente por no haber obtenido por lo menos 37.5 de los 50 puntos posibles y por lo tanto se consideran insolventes técnicamente”, se lee en el documento.
El pasado 14 de abril EL UNIVERSAL reveló que Barrett Firearms Manufacturing, Inc, y Colt's Manufacturing Company, dos de las 11 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, demandadas por el gobierno mexicano y a las que acusa de prácticas “negligentes” que facilitan su contrabando a México, buscaban nuevamente venderle a la Sedena 63 fusiles, ametralladoras y escopetas de apoyo aéreo y terrestre de alto poder.
El Ejército Mexicano buscaba adquirir, en seis partidas diferentes, 63 armas: 33 fusiles automáticos calibre 5.56 mm, 9 escopetas semiautomáticas calibre 12 GA, 9 fusiles de precisión calibre 0.50 y seis fusiles de precisión calibre 0.308. (de francotirador)
Además, se buscaba comprar tres ametralladoras calibre 0.50 de apoyo terrestre y otras tres ametralladoras del mismo calibre para apoyo aéreo.
El 9 de agosto de 2021, El Gran Diario de México informó que estas dos mismas empresas buscaban vender al Ejército mexicano 66 ametralladoras y fusiles. Sin embargo, dos semanas después, tras el fallo, se dio a conocer que la Sedena había dejado fuera a las dos armadoras estadounidenses y había decidido entregarle el contrato por 721 mil 515 dólares (15 millones de pesos) a la empresa Dillon Aero Inc. de Arizona.
El gobierno mexicano presentó el 4 de agosto del año pasado, ante un tribunal de Massachusetts, una demanda contra 11 empresas fabricantes de armas, a las que acusa de prácticas “negligentes” que facilitan su contrabando a México, sumido desde hace 15 años en una ola de violencia ligada al narcotráfico.
La Cancillería estima que anualmente entran ilegalmente desde la Unión Americana más de medio millón de armas.
Los fabricantes de armas reclaman el sobreseimiento de la causa, alegando que México carece de “jurisdicción personal” para sentarlas en el banquillo, pues aseguran que se encuentran protegidas en Estados Unidos por una ley de inmunidad.
México afirma que la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) “no ofrece inmunidad alguna a las empresas de armas por daños provocados por hechos delictivos cometidos con sus armas en México”.
