justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reconoció la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la Ley de Seguridad Interior.
Al término de la inauguración del Congreso Nacional Logros y Retos de los Derechos Humanos. A 70 Años de la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el ombudsman dijo que “la CNDH saluda la determinación tomada por el pleno de la Corte con una votación casi unánime, con la que hizo eco de los argumentos de las acciones de inconstitucionalidad que se promovieron, como el que interpuso esta comisión”.
Destacó que la invalidez de la ley ratifica la necesidad de que la seguridad pública y la participación temporal de las Fuerzas Armadas se sujeten estrictamente a lo previsto por la Constitución y sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, que plantean restringir al mínimo tales intervenciones y fortalecer el control de autoridades civiles.
Entrevistado por separado, Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), coincidió en que la decisión de la SCJN le dio la razón al colectivo Seguridad sin Guerra, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en conjunto advirtieron que era muy peligrosa y “que significaba apostar por un modelo de seguridad que en 12 años no ha sido útil o no ha generado los resultados que se preveían para el país”.
Resaltó que en las dos sesiones, 10 de los ministros desarrollaron tres argumentos de análisis de la ley. El primer aspecto estuvo relacionado con las dudas que existen sobre si el Congreso tiene las facultad para legislar o no en materia de seguridad interior, que determinaron que no existe, hecho por el que determinaron invalidar en su totalidad la norma.
El segundo argumento, dijo, está vinculado con el proceso legislativo que se siguió, tema en el que Seguridad sin Guerra y también desde el Centro Prodh manifestaron que era una ley a modo. En este caso, los ministros advirtieron que hay vicios de origen en el proceso legislativo, lo que no permitió debatir a fondo tanto la existencia o no de facultad constitucional para que legislarán, como del propio contenido de la legislación.
Patrón Sánchez indicó que el tercer argumento “tiene que ver con lo que llaman los ministros normalizar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, uno de ellos hizo referencia incluso al posible fraude a la Constitución, porque advertía justo que más allá de la discusión conceptual de seguridad interior, se estaba normalizando el uso y la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”.
El director del Centro Prodh enfatizó que la decisión de los ministros de invalidar la ley es muy plausible porque casi por unanimidad cuestionaron el modelo de seguridad militarizado de los últimos dos sexenios, el cual las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han puesto en duda en diversas ocasiones.
Patrón Sánchez destacó que ese modelo de seguridad tendría que ser debatido en función de los resultados de pacificación o de reducción de la violencia.
