Más Información
nacion@eluniversal.com.mx
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, lamentó que la dependencia del ramo se haya opuesto a una reforma en materia de salarios caídos que protege los derechos de los trabajadores, los cuales debería proteger el gobierno federal.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) alinearon sus argumentos en comisiones del Senado en contra de un proyecto que deroga la reforma del expresidente Felipe Calderón en materia de salarios caídos.
En 2012, el exmandatario envió al Congreso una iniciativa de cambio a la Ley Federal del Trabajo, a fin de establecer el tope de 12 meses de salarios vencidos, como pago a un trabajador que abra juicio por despido injustificado, y ese tema fue la primera reforma que firmó el expresidente Enrique Peña Nieto.
“No puede ser que la agenda laboral la fijen organizaciones como Concamin, Coparmex [Confederación Patronal de la República Mexicana] o el Consejo Coordinador Empresarial [CCE], cuando la Secretaría de Trabajo es la autoridad que tutela los derechos de los trabajadores”, afirmó Gómez Urrutia, entrevistado en el Senado.
Dijo que a la autoridad laboral le toca tomar en cuenta la opinión de los sindicatos, de los dirigentes y de la clase trabajadora, “quienes están sintiendo la presión de una situación complicada en materia de salarios, de prestaciones, condiciones de trabajo y niveles de empleo”.
Expuso que no se juegan intereses personales en iniciativa en materia de salarios caídos, en la que la STPS unificó postura contra el sector empresarial, de lo que hay comunicaciones escritas dirigidas a la Comisión de Trabajo.
“Lo que no entienden algunos empresarios es que cuando dejan o vetan iniciativas de este tipo, que tienden a restituir derechos de los trabajadores, están provocando cada vez más que haya problemas de inestabilidad laboral y de paz social”, comentó Gómez Urrutia.
Abundó: “Su miopía, ambición y avaricia no les permite ver más allá de las consecuencias y el efecto que pueden tener. Eso es muy grave, porque provocan un problema para el país”.
Tal resistencia empresarial a la reivindicación de derechos, “es algo que debemos frenar en el Senado, como dirigentes sindicales”.
El legislador dijo que es por ello que “queremos llevar una agenda en común con la propia Secretaría de Trabajo y con el gobierno federal en su conjunto”.
Confirmó que a la Comisión de Trabajo llegaron documentos del sector empresarial con posturas en contra de la reforma que aumenta a dos años e intereses de 4% el pago de salarios vencidos, y los recargos aplican en un plazo de 15 meses.
“Tenemos documentos que nos hicieron llegar, y los argumentos que utiliza la Secretaría de Trabajo para rechazar u opinar en contra de esta iniciativa son los mismos que esta utilizando la Concamin, Coparmex, el CCE; lo tenemos por escrito”, indicó.
Expresó: “Si hay otras razones de fondo que nos las explique la Secretaría del Trabajo y deje en claro por qué no está de acuerdo, ya que durante 81 años la Ley Federal del Trabajo establecía 100% de los salarios caídos cuando los trabajadores ganaban un juicio por despido injustificado”.
