Hace cuatro años Ulises ganaba 15 dólares al día trabajando como taquero en Tamaulipas. Animado por un amigo, aceptó un par de trabajos como chofer de una organización delincuencial.

En su último viaje fue interceptado por elementos del Ejército y en el operativo perdió ambos brazos; ahora buscará demandar al Estado mexicano.

Desde julio de 2017 permaneció en prisión, donde llevó un procedimiento abreviado y, al ser declarado culpable en enero de 2018 de transportar ilegalmente armas de fuego, fue enviado a un penal federal en Morelos, a cientos de kilómetros de distancia de su estado natal, donde vivió un verdadero infierno debido a la falta de condiciones para mantener en reclusión a personas con discapacidades físicas como la que él padece.

“Allá adentro hay de todo, compañeros que son muy buenos, que tenían muy buenas intenciones, pero también personas que eran malas, pero cada quien lleva sus propios problemas y lucha todos los días para salir de ahí, y era muy difícil que me estuvieran ayudando, porque ellos tenían cosas que hacer, tenía que aguantarme para hacer del baño, tenía que esperarme y a veces pasaba dos o tres días sin poder bañarme, además, las autoridades, la prepotencia de los custodios, que no hacen caso, todo fue muy difícil”, platicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

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Ulises, al saberse culpable, renunció a todo derecho de impugnar su sentencia y sus abogados, entonces particulares, no le informaron que podía solicitar mejores condiciones para su estancia en reclusión o una medida alterna dada su discapacidad y a que no representa ningún peligro.

En reclusión, y con tiempo libre de sobra, Ulises empezó a leer textos jurídicos a través de los que entendió que una persona con discapacidad como él no debía permanecer en un penal sin condiciones adecuadas, hasta que un día personal del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) acudió al penal de Morelos a dar información y a partir de entonces éste retomó su caso.

El pasado 30 de junio, una juez decidió modificar la pena de prisión y enviarlo a su domicilio bajo la vigilancia de la Dirección de Personas Sentenciadas en Libertad, durante el resto de su pena, que fue de siete años, cinco meses y seis días de prisión.

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Al momento de su detención, Ulises contaba con 23 años. Sólo terminó la secundaria, era padre de una pequeña de cuatro años y de un niño de siete meses, razón por la que la oferta de ganar dinero extra para comprar comida y pañales para sus hijos lo llevó a aceptar el trabajo de chofer que le ofreció uno de sus amigos, pesar de que sabía que estaba cometiendo un delito.

Actualmente, con 27 años, reconoció que esta decisión fue un error, pero consideró que los elementos castrenses que lo detuvieron se ensañaron con él, pues aún sin brazos le colocaron un fusil en la boca a la orden de “quieto, estás detenido” y nunca fue informado de que existen medidas alternas para evitar su estancia en un penal federal.

“Cometí un error por inmadurez, por necesidad, por tonto, porque era muy joven, pero sí considero que se excedieron con mi persona, porque yo he sufrido mucho a partir de ese día, para mí ahí adentro fue un infierno, era tener que sobrevivir al encierro, la distancia de mi familia, no podía tener visitas, la soledad, mi discapacidad, los compañeros, las autoridades, los oficiales; no podía realizar mis actividades básicas como asearme en ningún aspecto, necesito ayuda prácticamente para todo”.

Ulises vive con su hermana, quien se encarga de ayudarlo en todo lo que necesita, además de cuidar a sus dos hijos, y el esposo de ella que es quien sale a trabajar diario para mantener a la familia. Para modificar la medida cautelar, el IFDP exhibió pruebas que, dijo José Luis Espejel, defensor de Ulises, serán retomadas para buscar una reparación del daño por parte del Estado.

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